- Oaxaca, Puebla y Chiapas registran casos de violencia institucional contra mujeres embarazadas


El diputado Rubén Benjamín Félix Hays (Nueva Alianza) propondrá reformas para que las instituciones de servicios de salud públicas proporcionen atención pronta, efectiva, oportuna y sin discriminación a las mujeres no afiliadas y derechohabientes en estado de gravidez, que por su condición tengan riesgo de perder la vida y la del producto de la concepción.

A través de reformas a los artículos 35, 37 y 38 de la Ley General de Salud también plantea que los tres órdenes de gobierno puedan celebrar convenios con las instituciones médicas privadas, para que presten sus servicios de manera urgente a las embarazadas.

El también integrante de la Comisión de Salud, denunció que en los últimos meses se han presentados casos de negación del servicio médico a mujeres embarazadas, principalmente en Oaxaca, Puebla y Chiapas, lo que “ejemplifica la gravedad de la violencia institucional que han sufrido”.

Precisó que en la zona urbana, cuando llegan a los hospitales, se les niega la atención médica, situación que obliga a que en muchas ocasiones el parto se presente en la vía pública o a bordo de un taxi, por lo que las complicaciones se multiplican y la mayoría de los casos terminan en un fatal desenlace.

Señaló que de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el 2013 se presentaron 9 mil 8 quejas por violaciones relacionadas con trato cruel, inhumano y degradante, por obstaculizar o negar la prestación de servicios de seguridad social y por negligencia médica.

Félix Hays puntualizó que mil 660 violaciones estuvieron directamente relacionadas por una falta de atención. En particular, 536 quejas contra el Instituto Mexicano del Seguro Social y 2 mil 196 contra en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Además, mencionó que según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), la mortalidad materna es de 51.5 decesos por cada cien mil nacimientos vivos, de las cuales el 70 por ciento ocurrió en municipios con población indígena.

Subrayó que la mortalidad materna se ha convertido en un grave problema de salud pública, derechos humanos, desarrollo social, equidad de género y justicia social, pues la mayoría de los casos pudieron prevenirse, a través de una atención de calidad y oportuna.

Por ello, destacó la necesidad de elaborar reformas a la Ley General de Salud para establecer mecanismos que brinden una cobertura amplia y suficiente a las mujeres embarazadas y, con ello, abatir el número de decesos por muerte materna.

Refirió que las instituciones que suscriban los convenios recibirán atractivos estímulos fiscales y serán incorporadas en un padrón que contenga el número, razón social y domicilio de las instituciones que estén enlistadas en este programa.

Dijo que con esta reforma se cumpliría con los principios de universalidad y gratuidad de los servicios sanitarios y de atención medica suficiente y eficaz así como lo establece el artículo 4 de la Constitución Política y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

“Estas acciones recobrarán mayor fuerza en las poblaciones marginadas, que son las que presentan un aumento en las cifras de mortalidad materna, como resultado de la desigualdad y la pobreza de las mujeres, que las hace carecer de servicios de salud”, enfatizó.