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El gobernador Ricardo Rosselló firmó una orden ejecutiva con el fin de prohibir las terapias de conversión para menores de edad homosexuales o transgénero en la isla, que buscan obligar a las personas a cambiar su orientación sexual.
La decisión fue tomada después de que la Cámara de Representantes del estado se rehusó a votar un proyecto de ley que habría prohibido esas terapias, una práctica que afirma que puede cambiar la orientación sexual o la identidad de género de las personas.
La semana pasada Roselló declaró “Creo firmemente que la idea de que hay personas en nuestra sociedad que necesitan tratamiento debido a su identidad de género o la persona que aman no sólo es absurda, sino que también es nociva para muchos niños y adultos jóvenes que merecen ser tratados con dignidad y respeto”.
El proyecto de ley original buscaba prohibir la terapia de conversión entre los profesionales médicos certificados y en las instituciones religiosas que reciben financiamiento del Estado.
La Cámara de Representantes se rehusó a realizar la votación o sostener audiencias públicas para los sobrevivientes de estos tratamientos.
El presidente de la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, dijo que había pocas pruebas de que la práctica se realizara de manera generalizada en Puerto Rico.
Insistió en que la decisión “no tenía nada que ver” con la discriminación.
Alejandro Santos Calderón, un activista que dijo que lo obligaron a someterse a una terapia de conversión en Puerto Rico, comentó “La comunidad LGBT está cansada y se siente ignorada e invalidada”,
El decreto del Ejecutivo exige que todas las instituciones médicas que solicitan una licencia garanticen que no ofrecerán terapias de conversión, de acuerdo con un comunicado de prensa de la oficina del gobernador de la entidad.
Las iniciativas para prohibir las terapias de conversión gay han aumentado en EU.
La terapia de conversión (que está basada en la idea de que la homosexualidad es un trastorno mental que puede tratarse o curarse) ha sido desacreditada por los profesionales de la salud mental.
Esto debido al “daño grave y potencial” que puede provocar, según un informe emitido por la Asociación Psicológica Estadunidense y 12 organizaciones más.
