La crisis en el sistema de salud pública de México se ha profundizado en los últimos días, evidenciando la inaccesibilidad a prótesis y la falta de datos precisos sobre amputaciones. Esta situación afecta a miles de pacientes que requieren estos dispositivos para mejorar su calidad de vida, especialmente aquellos que han sufrido amputaciones por complicaciones de enfermedades como la diabetes o por accidentes.

Diversas instituciones de salud pública, incluyendo hospitales generales y especializados, se ven involucradas en esta problemática. Organizaciones civiles y colectivos de pacientes han alzado la voz para denunciar las deficiencias en la atención y la falta de recursos. La diputada Lizzette Salgado denunció el 30 de septiembre de 2026 que millones de pacientes han enfrentado recetas sin surtir o incompletas, lo que pone en riesgo su derecho a la salud.

Entre 2018 y 2023, se acumularon más de 80 millones de recetas no surtidas o surtidas parcialmente en el sistema de salud pública, según datos oficiales. Esta cifra refleja una crisis de abastecimiento que afecta principalmente a los sectores más vulnerables. Además, el 14 de septiembre de 2026 se reportaron protestas en al menos cinco estados, como Sinaloa, Nayarit, Tabasco, Oaxaca y Veracruz, donde trabajadores de la salud y pacientes exigieron insumos y atención adecuada.

La falta de datos precisos sobre amputaciones impide la implementación de políticas públicas efectivas para atender y prevenir estas situaciones. Sin información confiable, no se pueden planificar estrategias para la distribución de prótesis ni evaluar el impacto real de la diabetes y otras enfermedades crónicas que derivan en amputaciones. Esta carencia estructural agrava la crisis y limita la capacidad de respuesta del sistema de salud.

La inaccesibilidad a prótesis y la ausencia de datos sobre amputaciones subrayan la urgencia de fortalecer el sistema de salud pública, mejorar la transparencia en la gestión de recursos y garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos. La crisis actual exige una planificación más eficiente y una distribución equitativa de los recursos médicos para evitar que más pacientes queden desatendidos.