La nación helénica y la UE experimentaron un proceso donde un partido que llega al gobierno, al amparo de una oferta que rechaza la política económica anterior, es inducido a olvidar su planteamiento original

Grecia, con una crisis que dura más de 10 años, nunca como ahora ha recibido la presión de la zona euro para ceñirla a los criterios prevalecientes, lo que implicó una participación predominante de Europa en los procesos electorales griegos, señaló Antonio Gazol Sánchez, profesor de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía de la UNAM.

En el artículo Grecia 2015. Una crónica, publicado en la revista ECONOMÍAunam en septiembre-diciembre 2015, planteó que la república helénica y la UE experimentaron un proceso singular, donde un partido que llega al gobierno al amparo de una oferta que rechaza la política anterior, a la que imputa la grave situación de retroceso en el rubro, desempleo y recesión generalizada, es inducido a olvidar su planteamiento original.

El 25 de enero de 2015 se celebraron elecciones generales anticipadas en la nación mediterránea (después de cuatro gobiernos desde 2009), donde resultó ganadora la Coalición de Izquierda Radical, conocida por su acrónimo de Syriza, con su líder Alexis Tsipras.

Sólo tres días después de esas elecciones, los ministros de Economía europeos hicieron público su disgusto; sus primeras manifestaciones sobre el nuevo gobierno fueron particularmente duras y advertían que los griegos no podían esperar un trato especial.

Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, advirtió a los helenos que no debían esperar buenas noticias. “Europa no asume las demandas de Tsipras y los suyos”.

¿A qué demandas se referían? A las contenidas en el programa electoral del partido vencedor, que dos años antes su líder había sintetizado así: “Pedimos la reducción significativa del valor nominal de la deuda pública acumulada; la prórroga para el pago a fin de que las sumas conservadas sean afectadas a la recuperación de la economía; el establecimiento de una cláusula del desarrollo, de modo que el pago no ahogue la recuperación, y la recapitalización de los bancos, sin que el importe sea contabilizado como deuda pública del país”.

Así, el nuevo gobierno pretendía dar marcha atrás a una serie de medidas de política económica que el trío integrado por la Comisión Europea, el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional (los tres unidos denominados troika) habían impuesto al mandato anterior, indicó Gazol Sánchez.

Éstas son volver al salario mínimo vigente antes de la crisis (elevado de 582 euros a 751); restablecer la presencia y capacidad negociadora de los sindicatos; detener el proceso de privatización del puerto del Pireo y de la empresa pública de electricidad; reintegrar el aguinaldo navideño a los jubilados con pensiones menores a 700 euros; eliminar el pago de cinco por consulta médica y de uno por receta, y restaurar el acceso universal al sistema público de salud a los tres millones de desempleados de larga duración, así como la recontratación de 10 mil servidores públicos despedidos anteriormente.

El planteamiento implicaba abandonar la política de austeridad. A ello se opuso la troika y dos grupos de países europeos: Alemania, Holanda y Finlandia, por ser de los principales acreedores de Grecia, y España, Irlanda y Portugal, por el riesgo de contagio político.

Antecedentes

Según el autor, la crisis griega surgió mucho antes y es producto de una gestión económica deficiente, arrastrada del siglo pasado y asociada con un déficit público, cuyo origen se identifica con un sistema fiscal “clientelar” e ineficiente que atendía los intereses de los grandes capitales, que recauda poco pero gasta mucho y en donde la corrupción jugó un papel destacado.

A finales de junio de 2015, la deuda ascendía a más de 29 millones de euros, que debían cubrir entre ese año y 2017. Tsypras envió una carta a la Comisión Europea, donde planteó la necesidad de pagar durante 2015, 12 mil 335 millones; siete mil 191 en 2016, y nueve mil 619 en el plazo límite.

Tras un tenso proceso de negociaciones más o menos formales, el 13 de julio se concretó un acuerdo definitivo en el que se aprobó un rescate por tres años de hasta 86 mmde (se prevé que en la práctica queden 50 mil). Una vez autorizados los términos por el parlamento griego, el Banco Europeo amplió en 900 mde la ayuda de emergencia a la banca. Para ello, el país helénico se comprometió a cumplir las condiciones impuestas por los acreedores.

En conclusión, destacó Antonio Gazol, en el terreno de la realidad cotidiana el euro está construido sobre cimientos muy frágiles, lo que ya se sabía, pero no se había manifestado con la intensidad vista en estos meses.

Además, la eurozona no ha diseñado un procedimiento para que un país que ya no pueda o quiera participar de la moneda única la pueda abandonar, o si la primera ya no desea a un socio.