Abrogar la Ley del ISSSTE costaría 20 puntos del PIB, según gobierno federal
_ La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha intensificado su demanda para abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, al considerar que la reforma pensionaria perjudicó los derechos de los trabajadores del Estado al sustituir el sistema solidario por cuentas individuales administradas por Afores. Sin embargo, el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha señalado que revertir esa reforma es financieramente inviable.
El director general del ISSSTE, Martí Batres, explicó que regresar al sistema anterior requeriría recursos equivalentes a 20 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, más de siete billones de pesos. Esta cifra representa una proporción significativa de la economía nacional y supera ampliamente los presupuestos anuales destinados a sectores como educación, salud e infraestructura. Batres enfatizó que el Estado no cuenta con los recursos necesarios para constituir un nuevo fondo solidario de pensiones desde cero.
La reforma de 2007 transformó el esquema pensionario de los trabajadores del Estado, pasando de un régimen solidario e intergeneracional a un sistema de cuentas individuales. Este cambio generó preocupación entre los trabajadores sobre el monto de sus futuras pensiones y redujo los recursos que anteriormente fortalecían al sistema público. Batres señaló que las cuentas individuales pertenecen legalmente a millones de trabajadores y no pueden ser absorbidas por el Estado para reconstruir un fondo común.
Ante esta situación, el gobierno propone fortalecer las instituciones públicas existentes dentro del sistema de retiro. Una de las principales estrategias es potenciar PENSIONISSSTE, la única Afore totalmente pública del país, que cobra la comisión más baja del sistema y mantiene un esquema de reparto de utilidades que beneficia en mayor medida a quienes tienen menores ingresos. Además, se plantea la creación de una aseguradora pública especializada en pensiones, permitiendo a los trabajadores elegir una ruta completamente pública para la administración de sus recursos de retiro.
En este contexto, la CNTE ha mantenido protestas y plantones en la Ciudad de México, exigiendo la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. Sin embargo, el gobierno ha advertido que estas acciones afectan a trabajadores, comerciantes y niños que ven interrumpidas sus clases. La Secretaría de Gobernación ha instado al magisterio disidente a levantar el campamento para no continuar afectando a la población, mientras se busca un equilibrio entre las demandas legítimas de los trabajadores y la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.
El director general del ISSSTE, Martí Batres, explicó que regresar al sistema anterior requeriría recursos equivalentes a 20 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, más de siete billones de pesos. Esta cifra representa una proporción significativa de la economía nacional y supera ampliamente los presupuestos anuales destinados a sectores como educación, salud e infraestructura. Batres enfatizó que el Estado no cuenta con los recursos necesarios para constituir un nuevo fondo solidario de pensiones desde cero.
La reforma de 2007 transformó el esquema pensionario de los trabajadores del Estado, pasando de un régimen solidario e intergeneracional a un sistema de cuentas individuales. Este cambio generó preocupación entre los trabajadores sobre el monto de sus futuras pensiones y redujo los recursos que anteriormente fortalecían al sistema público. Batres señaló que las cuentas individuales pertenecen legalmente a millones de trabajadores y no pueden ser absorbidas por el Estado para reconstruir un fondo común.
Ante esta situación, el gobierno propone fortalecer las instituciones públicas existentes dentro del sistema de retiro. Una de las principales estrategias es potenciar PENSIONISSSTE, la única Afore totalmente pública del país, que cobra la comisión más baja del sistema y mantiene un esquema de reparto de utilidades que beneficia en mayor medida a quienes tienen menores ingresos. Además, se plantea la creación de una aseguradora pública especializada en pensiones, permitiendo a los trabajadores elegir una ruta completamente pública para la administración de sus recursos de retiro.
En este contexto, la CNTE ha mantenido protestas y plantones en la Ciudad de México, exigiendo la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. Sin embargo, el gobierno ha advertido que estas acciones afectan a trabajadores, comerciantes y niños que ven interrumpidas sus clases. La Secretaría de Gobernación ha instado al magisterio disidente a levantar el campamento para no continuar afectando a la población, mientras se busca un equilibrio entre las demandas legítimas de los trabajadores y la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.
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