El Senado de la República aprobó el 3 de noviembre de 2026 una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, conocida popularmente como ley antimemes, con 72 votos a favor de Morena y sus aliados y 37 en contra de la oposición. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, modifica el artículo 114 Octies y añade los artículos 114 Nonies y 232 Septies, con nuevas obligaciones para plataformas digitales y proveedores de servicios de internet.

La reforma establece que las plataformas deberán implementar mecanismos para atender denuncias sobre uso no autorizado de material protegido, con la posibilidad de suspender o cancelar cuentas de usuarios reincidentes en infracciones. Además, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial queda facultado para imponer multas de hasta 40 mil Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a más de 4.3 millones de pesos, a las plataformas que incumplan con el retiro oportuno de contenidos señalados.

Durante la discusión, la senadora Gina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, expresó su preocupación de que esta reforma podría convertirse en un mecanismo de censura para los creadores de contenido y servir como un blindaje para funcionarios públicos. Campuzano argumentó que, aunque la reforma se presenta como una protección a los creadores, en realidad podría facilitar la eliminación de investigaciones, denuncias y hasta memes que critiquen a funcionarios, afectando la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos.

La relevancia de esta reforma radica en el equilibrio entre la protección de los derechos de autor y la salvaguarda de la libertad de expresión en el entorno digital. Sus defensores argumentan que es necesaria para combatir la piratería y proteger a los creadores, mientras que sus críticos advierten sobre el potencial uso indebido de la ley para censurar contenido crítico hacia el gobierno o funcionarios públicos.

El debate refleja las tensiones inherentes en la regulación de internet y la necesidad de garantizar que las medidas legales no se conviertan en herramientas de censura o represión de la crítica legítima. La reforma queda ahora en el centro de la discusión pública sobre los límites de la propiedad intelectual frente al derecho a la información y la libertad de expresión en las plataformas digitales.