El albergue Pergatuzoo, dedicado al rescate de animales en Nicolás Romero, Estado de México, denunció ser víctima de una doble extorsión: primero por parte de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y después por funcionarios de la Ciudad de México, incluyendo elementos de la policía capitalina y del Ministerio Público. La situación, según sus responsables, ha generado un clima de miedo e impunidad que amenaza tanto a los trabajadores como a los más de 2,300 animales que albergan.

Las amenazas iniciaron en 2024 cuando una persona, identificándose como miembro del CJNG, comenzó a exigir el pago de “derecho de piso”. A medida que aumentaban las exigencias económicas, los responsables del refugio decidieron hacer público el caso. La denuncia llegó incluso a una conferencia matutina del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, el exdirector de Seguridad Pública de Nicolás Romero fue detenido por presuntos vínculos con el crimen organizado, en el marco de la llamada “Operación Enjambre”.

No obstante, las amenazas continuaron. El pasado 18 de junio de 2025, un familiar del administrador del albergue fue abordado en la alcaldía Venustiano Carranza por sujetos que afirmaron pertenecer al CJNG. Tras denunciar los hechos ante elementos de la Guardia Nacional, la situación dio un giro inesperado: el joven fue detenido por agentes de la Fiscalía capitalina y acusado de daños dolosos, mientras que sus agresores quedaron en libertad.

El proceso judicial estuvo marcado por irregularidades, incluyendo la negativa a recibir denuncias, el rechazo de peritajes psicológicos y la supuesta entrega de dinero por parte de abogados a servidores públicos. Un juez de control declaró ilegal la detención y ordenó la liberación del joven, aunque la carpeta de investigación en su contra sigue abierta. A su vez, la denuncia por extorsión no ha sido integrada adecuadamente por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Vargas, administrador del albergue, denuncia que tras presentar una queja formal ante el Órgano Interno de Control de la Fiscalía, su sobrino fue nuevamente amenazado. Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han emitido una postura oficial. El caso expone un preocupante entramado de impunidad, criminalidad y abuso institucional que pone en riesgo a quienes trabajan por el bienestar animal.