La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), inhabilitó a las empresas Alta Especialidad de Medicina y Capacitación, S.C., y Protein, S.A. de C.V., para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal. Las sanciones fueron publicadas este 21 de julio de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, y ambas empresas quedaron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide realizar nuevas contrataciones con el Gobierno de México.

En el caso de Alta Especialidad de Medicina y Capacitación, la sanción incluye una multa de 138 mil 911 pesos y una inhabilitación por un año con tres meses. La empresa fue castigada por proporcionar información falsa en la Adjudicación Directa número AA-050GYR005-E220-2021, cuyo objeto era contratar el “Servicio de traslado de pacientes en ambulancia de alta tecnología bajo el régimen ordinario”, con vigencia del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021. La empresa manifestó bajo protesta de decir verdad que sus accionistas no desempeñaban empleo, cargo o comisión en el servicio público, cuando en realidad uno de sus accionistas se desempeñaba como servidor público en el IMSS. La notificación de la sanción se realizó el 10 de julio de 2026.

Respecto a la empresa Protein, se le impuso una multa de 138 mil 911 pesos y una inhabilitación de tres meses por omitir entregar la garantía de cumplimiento y 150 piezas de la clave 010 000 2030 00 00 (cloroquina tableta, cada tableta contiene fosfato de cloroquina equivalente a 150 mg de cloroquina, envase con 1000 tabletas). La empresa incumplió el contrato abierto número U210105, derivado de la Adjudicación Directa número AA-012M7B998-E46-2021, cuyo objeto era la “Adquisición Consolidada de Medicamentos y Bienes Terapéuticos”. La notificación de la sanción se realizó el 9 de julio de 2026.

Las sanciones fueron emitidas conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. Las personas morales tienen derecho a impugnar las resoluciones, y en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá con firmeza las sanciones, por haber sido impuestas con apego a derecho y en protección del interés público. Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar para obtener contratos públicos o incumplirlos tiene consecuencias. Las actualizaciones del Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados pueden consultarse en el sitio web oficial.