_ A tres años de ejercicio de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, presentó su titular, Alejandro Encinas Rodríguez, un informe de evaluación y rendición de cuentas, reconociendo la crisis humanitaria en la que se encuentra el país.
“Partimos del reconocimiento de las responsabilidades del Estado mexicano en esta crisis dadas las omisiones y la falta de actuación de los gobiernos anteriores que durante muchos años quisieron esconder la grave situación por la que atravesamos en distintos ámbitos de nuestro país”, recalcó.
En el salón Juárez del complejo de Bucareli, el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez enfatizó que han sido dos ejes en los que se ha centrado el desarrollo de los trabajos.
El primero, establecer una nueva relación con las víctimas de violaciones a derechos humanos, asumir la centralidad de éstas para enfrentar y dictar acciones y políticas. Y en segundo lugar, el desarrollo de acciones y políticas que fortalecen las capacidades institucionales del Estado para atender esta crisis.
Informó que en estos tres años se destinaron en infraestructura y capacidades en materia de derechos humanos 2 mil 198 millones de pesos, de los cuales mil 247 millones fueron para fortalecer las capacidades de las comisiones estatales de búsqueda e identificación; 510 millones para la construcción de justicia para las mujeres; 349 millones para alerta de mujeres; 75 para los registros civiles; y 779 millones de pesos que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha entregado como ayuda a víctimas; y 488 millones para el cumplimiento de las sentencias de los organismos internacionales.
Bajo este contexto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración anunció 11 prioridades el próximo año:
Continuar con los trabajos de investigación en la comisión de Ayotzinapa, y completar los trabajos de investigación en la comisión del periodo conocido como Guerra Sucia.
Abatir la crisis forense y avanzar en la creación del centro nacional de identificación humana y fortalecer las capacidades forenses en los estados.
Trabajar en el programa nacional de reparaciones que requiere una reforma a la Ley General de Víctimas.
Creación del sistema de protección contra las violencias hacia mujeres, niñas y niños.
Replantear el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y avanzar en el sistema nacional de prevención y protección.
Enfrentar el desplazamiento forzado interno.
Atención a personas solicitantes de refugio y protección complementaria e incrementar la capacidad institucional para abatir el rezago de atención en esta materia.
Combatir el embarazo infantil y abatir los niveles de violencia sexual contra menores de edad, así como el matrimonio forzado.
Resolución de todos los conflictos en el ámbito territorial de las comunidades indígenas.
Cédula única de identidad –derecho a la identidad–, generar los instrumentos que permitan contar con la identificación digital para todas y todos los mexicanos.
Abatir la impunidad.
Lo anterior, porque –enfatizó– “sigue siendo el principal obstáculo, el que alienta las violaciones graves a los derechos humanos, porque mientras no se castigue a quienes cometen delitos, difícilmente podremos revertir esta situación”.
