La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Cívica para sancionar a personas conocidas como “franeleros” que incurran en prácticas ilegales como cobrar por estacionar en vía pública, amenazar o intimidar a conductores. La propuesta contempla una penalización de 36 horas de arresto inconmutable, sin posibilidad de sustituirse por multa o trabajo comunitario.

Durante su conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada enfatizó que el espacio público debe ser un derecho ciudadano y no un privilegio comercializado. Subrayó que condicionar el uso de la calle mediante amenazas o cobros rompe con los principios de equidad y seguridad urbana. La reforma busca combatir la apropiación indebida del espacio público y los delitos vinculados a estas prácticas.

La mandataria explicó que la propuesta legislativa será presentada al Congreso de la Ciudad de México y estará acompañada de una campaña de concientización titulada “El espacio público es de todas y todos”. Además, se implementará un programa de empleo formal y emprendimientos para quienes actualmente se dedican a vigilar vehículos, con el objetivo de ofrecer alternativas laborales dignas.

Eréndira Cruzvillegas, consejera jurídica del Gobierno capitalino, detalló que la reforma incluye modificaciones a los artículos 3, 28 bis y 31 de la Ley de Cultura Cívica. Entre las conductas sancionables se encuentra apartar espacios con objetos, obstaculizar el uso del espacio público y coaccionar para recibir pagos. Estas infracciones se vinculan con delitos del Código Penal como extorsión, amenazas, robo y lesiones.

El gobierno capitalino también establecerá mecanismos de atención a las causas sociales de esta problemática mediante programas de empleo y apoyos a proyectos productivos. Asimismo, se instruirá a la policía para intervenir de oficio en situaciones flagrantes, sin necesidad de quejas formales, garantizando así la movilidad y la vida en paz en la capital.