El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acusó que Estados Unidos permitió la entrada del boxeador Julio César Chávez Jr. en 2023, pese a que ya existía una orden de aprehensión en su contra emitida por las autoridades mexicanas. Según el fiscal, durante año y medio se solicitaron sin éxito diversas gestiones para su detención, hasta que finalmente fue arrestado por agentes migratorios en julio de 2025.

Gertz Manero detalló que la investigación contra Chávez Jr. se originó en 2019, tras una denuncia de Estados Unidos contra el Cártel de Sinaloa. A partir de ahí, México inició un proceso que derivó en órdenes de captura contra 13 personas, incluido el hijo del legendario boxeador. La Fiscalía informó que los cargos que enfrenta son por delincuencia organizada y tráfico de armas, aunque no se especificaron sus vínculos exactos con la estructura criminal.

El boxeador fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Studio City, California, tras haberse quedado en el país con una visa de turista vencida. También se le acusa de haber mentido en una solicitud para obtener la residencia legal permanente. Chávez Jr., de 39 años, ha enfrentado varios problemas legales a lo largo de su carrera, incluidos antecedentes por posesión de armas, consumo de drogas y conducción bajo influencia de alcohol.

El gobierno mexicano, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, solicitó su deportación para que enfrente la justicia en el país. Mientras tanto, sus abogados han tramitado cinco amparos en México para evitar la extradición, todos ellos rechazados. El lunes, Chávez Jr. tendrá su primera audiencia migratoria en Estados Unidos.

Este caso ha reavivado las tensiones diplomáticas entre ambos países en torno a la cooperación judicial y migratoria, y ha puesto nuevamente bajo la lupa las fallas en la supervisión de personajes con antecedentes penales relevantes que cruzan las fronteras entre México y Estados Unidos.