_ La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió al Senado de la República el segundo paquete de reformas a leyes secundarias derivadas de la reforma al Poder Judicial. El objetivo es fortalecer el juicio de amparo, hacerlo más ágil y garantizar un acceso claro y expedito a la justicia. La mandataria subrayó que estas modificaciones buscan evitar abusos, especialmente de empresas que utilizan el amparo para retrasar el pago de impuestos al erario.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal informó que las reformas abarcan el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Código Fiscal de la Federación. Entre los cambios destacan la digitalización de procesos, plazos procesales comunes y claros, y reglas específicas para la suspensión en casos de congelamiento de cuentas.
Sheinbaum enfatizó que el amparo seguirá siendo un recurso esencial de defensa, pero sin permitir fraudes al erario. La consejera jurídica, Ernestina Godoy Ramos, detalló que las reformas protegen el orden público y el interés social, al mismo tiempo que modernizan los procesos judiciales. Por ejemplo, se fijan plazos de cinco días para actuaciones procesales en el Código Nacional de Procedimientos Penales y un máximo de seis meses para juicios en la vía sumaria ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de política y gobierno, aclaró que no se restringe el acceso al juicio de amparo, sino que se actualiza para hacerlo más eficaz. Destacó que la intención es evitar juicios prolongados sin afectar los derechos de defensa de las y los ciudadanos. La presentación de este paquete coincidió con la conmemoración del 19 de septiembre, fecha en que Sheinbaum encabezó el izamiento a media asta de la bandera en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.
Con estas medidas, el Gobierno de México refuerza su compromiso con un sistema judicial más moderno, transparente y cercano a la ciudadanía, en el que la justicia se ejerza con rapidez y equidad.
