En el marco del ciclo de conversatorios y reuniones virtuales "Contingencia Covid-19: aprendizajes para el territorio" -organizado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en coordinación con diversas organizaciones -en el que se abordó el tema “Asentamientos precarios y vivienda social: impactos del COVID-19 y respuestas”, los participantes coincidieron en la necesidad de estructurar soluciones con una visión integral y articulada; además de resaltar la necesidad de contar con información y datos para generar políticas públicas eficientes.

Carina Arvizu Machado, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, habló de la necesidad de que desde el Estado se generen intervenciones integrales que abonen a contrarrestar las consecuencias de las crisis sanitarias y se garantice desarrollo y bienestar para todas las personas, a través de políticas integrales y programas transversales; fomentando la planeación urbana y –en el caso específico del trabajo que coordina la Sedatu- con la ejecución de programas como el de Mejoramiento Urbano.

“Es un tema de justicia territorial. Si el Estado no planea el territorio, este se planea por sí mismo de forma espontánea atendiendo los intereses especialmente del capital privado porque termina siendo la iniciativa privada la que va generando estos nuevos desarrollos para quienes pueden acceder a ellos y quienes no, están siendo excluidos y marginados de los beneficios que pueda generar el desarrollo urbano”, abundó.

Arvizu Machado sostuvo que la crisis sanitaria ha mostrado la urgencia de resolver el tema de asentamientos precarios, lo que consideró que solamente se puede hacer de la mano de la comunidad y entendiendo sus necesidades.

En su intervención, Anacláudia Rossbach, gerente regional para América Latina y el Caribe de Cities Alliance, señaló que en la región, 20% de la población vive en precariedad; aunque hay países donde la incidencia de asentamientos precarios afecta hasta al 40% de los habitantes.

“Existe la necesidad de cambiar el paradigma urbano. Escuché a Román Meyer en el primer conversatorio del ciclo y él mencionaba este tema: que hay que tener un cambio en el paradigma urbano. No hace sentido tener en América Latina esta alta prevalencia de asentamientos precarios con tanta experiencia y capital social en la región. Hay que aprovechar el momento para una mirada más estratégica a mediano y largo plazo para fortalecer mecanismos de gobernanza urbana y de políticas públicas”, sostuvo.

En tanto, Mario Silva, director general del Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN), se refirió a la caracterización social y del entorno urbano de asentamientos irregulares en el área metropolitana de Guadalajara, instrumento con el que se ubicaron viviendas en terrenos públicos o privados construidas sin autorización formal del propietario con falta de acceso regular a por lo menos un servicio básico y la falta de acceso generalizado a servicios sociales que la ciudad provee como transporte, acceso a educación o trabajo formal.

“Hay una superficie calculada de 19 mil 343 hectáreas de asentamientos irregulares que representan el 26% del área urbanizada dentro del área metropolitana con una población cercana a un millón 186 mil habitantes, de acuerdo a datos del Inegi de 2010. Sobre la población –tanto la que llega, como la que se va- lo que encontramos es que son grupos de familias completas, lo que nos habla de que la principal motivación de estos desplazamientos es de origen económico y que en muchos casos, la promesa de tener una vivienda formal, no es suficiente para poder anclar al territorio a las familias que están buscando mejores condiciones de vida”, detalló.

En el conversatorio también participaron: Lacmi Rodríguez Amaya, directora nacional ejecutiva de Hábitat para la Humanidad México; María Silvia Emanuelli, coordinadora de la Coalición Internacional de Hábitat (HIC) América Latina-México; Javier Torner, de ONU Hábitat; Ruth Jurberg, gestora de gobierno en Río de Janeiro, Brasil; la senadora Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad; José Iracheta Carroll, director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus); Samuel Valenzuela, gerente senior de autoproducción del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); Jaime Rello, representante del Movimiento Urbano Popular, y Héctor Becerril, catedrático del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) e integrante de la Red de investigadores de vivienda y hábitat de las Américas (RIVHA).