_ La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad las primeras cuatro reformas constitucionales propuestas por el presidente el 5 de febrero. Estas reformas incluyen cambios significativos en materia de pensiones, vivienda, salarios y derechos de los jóvenes. La reforma en pensiones establece el Fondo de Pensiones para el Bienestar, mientras que la reforma en vivienda facilita el acceso a la renta social con opción de compra después de 10 años. Además, se ha aprobado una reforma que exige que el salario mínimo aumente por encima de la inflación y otra que convierte el programa Jóvenes Construyendo el Futuro en un derecho constitucional.
Las próximas reformas serán discutidas en la comisión en fechas programadas: el 9 de agosto se abordarán temas relacionados con pueblos indígenas, agua, medio ambiente, salud, bienestar y protección animal. El 13 de agosto se discutirán la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales, extorsión y fentanilo. El 14 de agosto se tratarán reformas sobre la industria eléctrica, internet y empresas estratégicas del Estado, mientras que el 15 de agosto se discutirá la reforma a la Guardia Nacional. La reforma del Poder Judicial está programada para el 22 de agosto. Se anticipa que estas reformas serán aprobadas por la próxima Legislatura y luego pasarán al Senado para su revisión.
En otro tema relevante, la Sala Regional del Tribunal Electoral determinó que el presidente, el director de Cepropie y varios funcionarios de comunicación social vulneraron principios de imparcialidad durante las mañaneras de los días 20, 21 y 24 de mayo. Las manifestaciones de estos funcionarios incluyeron referencias a temas de infraestructura, salud, minería y reducción de la pobreza, lo cual, según el tribunal, ocurrió en un periodo inapropiado para la difusión de estos logros. La consejera jurídica del presidente planea impugnar esta decisión.
Por último, se presentaron mil 185 juicios de inconformidad relacionados con las elecciones del 2 de junio, de los cuales 221 fueron contra la elección presidencial, 521 contra las elecciones a diputados y 413 contra las elecciones a senadores. El PRD fue el partido con más juicios, seguido por el PAN y Movimiento Ciudadano. Las salas regionales resolvieron 694 casos, desechando el 57% de ellos por no ser procedentes. Se confirmaron 22 elecciones impugnadas y 21 casos fueron procedentes, lo que llevó a la anulación de 693 casillas de aproximadamente 170,000, sin que estas anulaciones afectaran los resultados globales.
