Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), subrayó la urgencia de tratar cada muerte violenta de una mujer en Guanajuato como feminicidio. Esta medida busca encaminar las investigaciones desde el inicio con una perspectiva de género, mejorando así el acceso a la justicia y la reparación del daño para las víctimas y sus entornos.

Durante la presentación del informe mensual conforme a las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para 17 municipios de Guanajuato, Alanís Sámano señaló que en los primeros siete meses del año se registraron 251 muertes violentas de mujeres en el estado. De estas, nueve fueron clasificadas como feminicidios y 242 como homicidios dolosos. Estas cifras representan un aumento del cinco por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, donde se reportaron 238 casos.

La comisionada hizo un llamado a las autoridades y a los municipios para reforzar la lucha contra la violencia de género. Alanís Sámano destacó la importancia de la estrategia emergente para acelerar el acceso de mujeres y niñas a una vida libre de violencias, instando a un compromiso conjunto para revertir el contexto de violencia feminicida.

El informe será evaluado por un grupo de trabajo compuesto por especialistas académicos y representantes estatales y federales. Esta evaluación precisa medirá la efectividad de las acciones emprendidas para combatir la violencia contra mujeres, jóvenes y niñas en Guanajuato. La comisionada también reafirmó el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador en la lucha por mejorar la seguridad y calidad de vida de las mujeres.

La relevancia de este asunto reunió a diversas figuras, como Jesús Oviedo Herrera, secretario de Gobierno del estado; Anabel Pulido López, directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG); Jorge Alejandro Suro Cárcamo, subsecretario de Prevención en la Secretaría de Seguridad Pública estatal; Yulma Rocha Aguilar, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Congreso local; Carlos Alberto Llamas Morales, coordinador del Sistema de Gestión de Oralidad del Poder Judicial estatal; y Zucé Hernández Martínez, fiscal especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía General de Guanajuato.