Como parte de las acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, la Secretaría de Gobernación inició el proceso de transición administrativa y operativa del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), de la Dirección General de Estrategias de Derechos Humanos a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

El Banavim es el instrumento de política pública que da cuenta de la dimensión de la violencia de género contra las mujeres, con el cual, desde su puesta en marcha, se han acumulado 842 mil 652 registros (al corte del 11 de mayo de 2021). Cabe destacar que en los últimos tres años, bajo la coordinación de la Dirección General de Estrategias de Derechos Humanos con las entidades federativas y demás entes obligados, se aprecia un aumento en los registros (48 por ciento del total).

El lineamiento del Banavim señala como su objetivo general: administrar la información procesada de las todas instancias del país involucradas en la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, con el fin de instrumentar políticas públicas desde la perspectiva de género y derechos humanos.

De esta manera, desde la Secretaría de Gobernación se da cumplimiento a encomiendas internacionales como la Recomendación General 35 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), en cuanto a la recopilación y supervisión de los datos a fin de acelerar la eliminación de la violencia por razón de género contra las mujeres.

Finalmente, la Conavim, como el órgano encargado de diseñar, con una visión transversal, la política integral de prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres, ha iniciado labores de contacto con las instancias involucradas en la recopilación de datos en el banco, a fin de establecer mecanismos de comunicación que impulsen el registro y que faciliten el análisis de los datos para la instrumentación políticas públicas con perspectiva de género y derechos humanos.