Excomisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y expertos en transparencia criticaron la decisión de mantener reservada hasta 2030 la declaración patrimonial del almirante en retiro José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina. La reserva fue justificada por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Marina (Semar) bajo el argumento de que su divulgación podría comprometer la seguridad nacional.

Especialistas cuestionaron esta justificación, señalando que las declaraciones patrimoniales públicas ya protegen los datos personales sensibles y que la divulgación de ingresos y propiedades de un servidor público no debería representar un riesgo para la seguridad del Estado. Julieta del Río Venegas, excomisionada del Inai, enfatizó que la Ley General de Transparencia exige la elaboración de una versión pública de las declaraciones patrimoniales y cuestionó el supuesto daño real y demostrable a la seguridad nacional que implicaría revelar el sueldo y las propiedades del exsecretario.

Adrián Alcalá Méndez, también excomisionado del Inai, recordó que desde la promulgación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se establece que estas declaraciones deben ser públicas, salvo en rubros que afecten la vida privada o datos personales protegidos por la Constitución. La controversia se intensificó cuando se reveló que, a casi dos años de la salida de Ojeda Durán del gobierno federal, su declaración patrimonial seguía reservada hasta 2030, argumentando motivos de seguridad nacional.

Esta situación generó preocupaciones sobre una posible regresión en materia de rendición de cuentas y transparencia en México. En respuesta a las críticas, el 18 de septiembre de 2026, la Secretaría Anticorrupción anunció la desclasificación de la declaración patrimonial del almirante Ojeda Durán, que anteriormente estaba reservada hasta 2030. Esta decisión se tomó tras una solicitud formal presentada el 16 de septiembre, que buscaba la liberación de diversas declaraciones patrimoniales de 69 funcionarios públicos vinculados a la Secretaría de Marina.

Este caso es relevante porque pone de manifiesto las tensiones entre la seguridad nacional y el derecho a la transparencia y rendición de cuentas en México. La reserva de información patrimonial de altos funcionarios bajo argumentos de seguridad nacional puede sentar precedentes que afecten la confianza pública en las instituciones y en la lucha contra la corrupción. La desclasificación de la declaración patrimonial del almirante Ojeda Durán representa un paso hacia la transparencia y el cumplimiento de las leyes que rigen la rendición de cuentas de los servidores públicos en el país.