El Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) investiga al profesor Jorge Alberto Gutiérrez Limón, luego de que una estudiante denunció públicamente que le impidió el acceso a su clase por llevar sandalias, conocidas comúnmente como chanclas. El incidente ocurrió el 10 de noviembre de 2026 y ha generado un amplio debate sobre los derechos estudiantiles y la discriminación en el ámbito académico.

De acuerdo con el testimonio de Dayisnerys Arias, difundido en redes sociales, el docente le advirtió: "Si vienes otra vez con chancletas no entras a mi clase". La estudiante explicó que trabaja como instructora de pilates, actividad que requiere calzado cómodo, y que sus horarios laborales le impiden regresar a casa para cambiarse antes de asistir a la universidad. Además, señaló que previamente había tenido diferencias con el profesor relacionadas con su derecho a presentar una evaluación ordinaria, lo que, a su juicio, podría haber motivado represalias por parte del docente.

La difusión del caso en redes sociales provocó indignación entre la comunidad estudiantil y usuarios en general, quienes calificaron la actitud del profesor como discriminatoria y abusiva. En respuesta, las autoridades del CUCEA emitieron un comunicado oficial en el que rechazaron categóricamente cualquier acto de discriminación y aclararon que la Universidad de Guadalajara no cuenta con un código de vestimenta que prohíba el uso de sandalias en las aulas.

Asimismo, informaron que se ha iniciado una investigación para determinar si el docente incurrió en alguna falta y que las instancias correspondientes están atendiendo el caso de manera inmediata. El pronunciamiento del centro universitario subraya la disposición institucional para revisar las conductas del profesor y deslindar responsabilidades conforme a la normativa universitaria.

Este incidente ha puesto en el centro del debate la importancia de respetar los derechos de los estudiantes y la necesidad de que las instituciones educativas garanticen un entorno libre de discriminación. La resolución de este caso podría sentar un precedente sobre cómo equilibrar las normas de convivencia y las realidades personales de los estudiantes en la educación superior.