El programa “Departamento de Eficiencia del Gobierno” (Doge), liderado por Elon Musk, enfrenta una demanda presentada por el bufete de abogados National Security Counselors apenas unos minutos después de la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. La querella cuestiona la legalidad del programa y señala posibles violaciones a normas federales sobre transparencia, contratación y otras prácticas administrativas.

Según la demanda, Doge debería ser clasificado como un "comité asesor federal", lo que lo sometería a regulaciones legales que exigen representación equilibrada, registros detallados de reuniones y apertura al escrutinio público. Sin embargo, se argumenta que el programa no cumple con estas disposiciones, especialmente porque las reuniones se realizan a puerta cerrada y a través de aplicaciones de mensajería sin mantener un registro accesible.

El proyecto ya cuenta con empleados que trabajan desde las oficinas de SpaceX en Washington, D.C., pero aún no se han definido claramente sus objetivos específicos. Este secretismo, según medios estadounidenses, se atribuye a intentos por evitar complicaciones legales que puedan obstaculizar el desarrollo del programa. Aunque Trump ha señalado que Doge impulsará un “cambio drástico” en la eficiencia gubernamental, el panel no tiene autoridad para implementar medidas de manera directa, limitándose a formular recomendaciones.

Por otra parte, Vivek Ramaswamy, quien estaba originalmente designado para co-liderar el proyecto junto a Musk, se ha retirado para enfocarse en su candidatura a la gubernatura de Ohio. Los ejecutivos de Doge no perciben salario y se espera que trabajen en el programa durante un periodo limitado de seis meses, clasificados como "empleados especiales del gobierno".

La demanda también subraya la necesidad de que todas las reuniones sean abiertas al público, ya que el hermetismo actual va en contra de las leyes de transparencia. La resolución de este caso determinará el futuro inmediato del controvertido programa.