El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el 19 de junio de 2026, con ocho votos a favor y tres en contra, la remoción de cuatro consejeros del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), incluido su presidente, Ignacio Hurtado Gómez. La decisión se basó en que estos funcionarios designaron de manera provisional, por nueve días, a un titular del Órgano Interno de Control del IEM, una facultad que corresponde exclusivamente al Congreso del Estado de Michoacán. Esta acción fue considerada una extralimitación de funciones y una falta grave por parte de la mayoría del INE.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, defendió la legalidad de la medida al señalar que el principio de legalidad no admite excepciones y que las autoridades solo pueden realizar acciones permitidas expresamente por la Constitución y las leyes. Sin embargo, tres consejeros del INE votaron en contra, calificando la sanción como desproporcionada. Argumentaron que el nombramiento provisional fue una respuesta a un vacío legal y que su duración limitada no justificaba una medida tan severa.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, también criticó la decisión del INE, calificándola de arbitraria, desproporcionada y centralista. Advirtió que esta medida debilita al IEM y genera incertidumbre institucional de cara al proceso electoral 2026-2027, en el que se renovarán la gubernatura, alcaldías y diputaciones locales. La remoción de más de la mitad de los consejeros del IEM deja al organismo en una situación de vulnerabilidad.

Especialistas en materia electoral han señalado que la destitución podría comprometer la organización y legitimidad de los próximos comicios, así como la atención a los procesos de autogobierno de comunidades indígenas que requieren acompañamiento y validación por parte del IEM. Si el INE no logra designar a los reemplazos de manera oportuna, podría verse obligado a asumir la organización de las elecciones locales en Michoacán, lo que añadiría presión al sistema electoral nacional.

Este acontecimiento pone en riesgo la estabilidad democrática y la gobernabilidad en Michoacán, además de afectar la confianza ciudadana en las instituciones electorales. La controversia refleja las tensiones entre los niveles federal y estatal en la administración electoral, y deja abierta la discusión sobre los límites de las facultades de los organismos electorales locales frente al INE.