La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; y el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informaron que el Gobierno de México mantiene su disposición al diálogo con el magisterio, a través de mesas permanentes para atender las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Reiteraron que las diferencias deben resolverse con respeto, legalidad y responsabilidad presupuestal.

Durante las más recientes reuniones, se presentaron cinco nuevas propuestas para mejorar las condiciones laborales y de retiro de las y los maestros. Entre ellas destacan un decreto para reducir progresivamente la edad de jubilación, la creación de un colectivo interdisciplinario para revisar esquemas de retiro, la desaparición de la USICAMM, así como la instalación de foros escolares para diseñar un nuevo modelo de promoción docente. También se propuso crear un nuevo registro para quienes no definieron su régimen jubilatorio en 2007.

Los funcionarios destacaron que, durante esta administración, el magisterio ha sido reconocido mediante acciones concretas como aumentos salariales, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, la no modificación en la edad de retiro y opciones para resolver deudas hipotecarias con el FOVISSSTE. Enfatizaron que todas estas medidas responden a un esfuerzo extraordinario del Estado mexicano dentro de los límites presupuestales actuales.

Ante los recientes bloqueos en la Ciudad de México, las autoridades señalaron que estas acciones afectan directamente a la población y llamaron a la dirigencia de la CNTE a priorizar el interés colectivo. Recordaron que faltan solo 33 días para concluir el ciclo escolar 2024-2025, lo que hace urgente garantizar que los estudiantes terminen el año con los aprendizajes necesarios.

Finalmente, Rodríguez, Delgado y Batres reafirmaron la apertura del Gobierno federal para mantener un diálogo directo y constructivo, e hicieron un llamado a la CNTE a colocar el bienestar de la comunidad educativa en el centro de sus decisiones, en beneficio del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes del país.