La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para impedir que personas con doble nacionalidad ocupen la Presidencia de la República, gubernaturas o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La propuesta, presentada el 27 de agosto de 2026, establece que los aspirantes a estos cargos deberán renunciar a cualquier otra ciudadanía antes de asumir el puesto, con el fin de garantizar que el interés nacional prevalezca sobre cualquier otro vínculo. La medida busca cerrar vacíos legales que han permitido que funcionarios con doble nacionalidad prioricen intereses extranjeros o evadan la justicia mexicana.

El origen de esta iniciativa se vincula directamente con el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien, tras ser acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, utilizó su ciudadanía estadounidense para residir en Texas y evadir a las autoridades mexicanas. Este episodio evidenció cómo la doble nacionalidad puede generar conflictos de interés y facilitar la impunidad, lo que motivó a la Presidencia a impulsar esta reforma constitucional. La propuesta busca que los más altos cargos del país sean ocupados exclusivamente por ciudadanos con una única nacionalidad mexicana.

La iniciativa ha generado un intenso debate político. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) rechazó la propuesta, argumentando que la doble nacionalidad es un derecho constitucional y que su restricción podría ser discriminatoria. El PRI enfatizó que poseer doble nacionalidad no implica una doble lealtad y que la medida podría poner bajo sospecha a millones de mexicanos que han adquirido otra ciudadanía por diversas razones, como la migración o el matrimonio. Este partido advirtió que la iniciativa podría afectar derechos políticos fundamentales.

Por otro lado, Morena en la Cámara de Diputados expresó su respaldo a la iniciativa, aunque reconoció la complejidad del tema y la necesidad de deliberarlo con cuidado. El coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, señaló que se revisarán los alcances constitucionales de la propuesta para garantizar el respeto a los derechos políticos de los ciudadanos. El debate legislativo se perfila como un espacio de análisis profundo, donde se deberán equilibrar la protección de los intereses nacionales con los derechos individuales de los mexicanos con doble nacionalidad.

La relevancia de esta iniciativa radica en la necesidad de cerrar vacíos legales que podrían permitir que funcionarios con doble nacionalidad prioricen intereses extranjeros sobre los nacionales. Además, busca evitar que individuos con antecedentes penales utilicen su segunda ciudadanía para evadir la justicia mexicana. Sin embargo, la propuesta también plantea desafíos prácticos, como la situación de países que no permiten la renuncia a su nacionalidad, lo que podría afectar a ciudadanos mexicanos que deseen postularse a cargos públicos. El proceso legislativo deberá considerar estos aspectos para garantizar una reforma que fortalezca la confianza en las instituciones públicas sin vulnerar derechos fundamentales.