_ Las propuestas son impulsadas por diputado de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social y legisladora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo
Diputados de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social y del grupo parlamentario del Partido del Trabajo presentaron iniciativas en materia de contratación de arrendamientos de bienes y sobre juicios de interdicción.
Ante la problemática de movilidad y densidad población que existe en la Ciudad de México, el diputado Miguel Ángel Álvarez Melo propuso una iniciativa de ley para reformar diversas leyes en materia de contratación de arrendamientos de bienes inmuebles con uso de oficias públicas y estacionamientos y de movilidad.
La iniciativa contempla modificar la Ley de Régimen Patrimonial y Servicio Público, la Ley de Adquisiciones y la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos, así como la Ley de Movilidad, todas de la Ciudad de México.
En tribuna el legislador dijo que el Gobierno de la Ciudad de México cuenta con una bolsa de bienes inmuebles, que de acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas son al menos 17 mil inmuebles. No obstante, el Gobierno de la Ciudad paga cientos de millones de pesos por concepto de arrendamiento de inmuebles que destina para oficinas públicas y para estacionamientos, y agregó “hay dependencias que comprometen hasta 6 por ciento de su presupuesto anual en pagar renta a los inmuebles o estacionamientos.
Por ello, su iniciativa propone establecer normas, que sin restringir la libertad contractual y el mercado inmobiliario apliquen normas claras y precisas que regulen los procedimientos de contratación de bienes inmuebles destinados a oficinas públicas y estacionamientos; además que dentro de la Ley de Austeridad se establezca el tope de 3% para que no exceda el importe de la renta del presupuesto público anual asignado.
Destacó importante establecer cláusulas contractuales de los arrendamientos inmobiliarios efectuados, para que al menos 30% de los cajones de estacionamiento se dediquen al resguardo de bicicletas, para los empleados y empleadas públicos, y agregó “se trata de una iniciativa que reafirma el compromiso por alcanzar la austeridad como un modo de ejercer política financiera, busca evitar la opacidad que se dio en administraciones pasadas”.
Por su parte, la diputada del PT, Leonor Gómez Otegui propuso una iniciativa para modificar el Código Civil y adicionar que en los casos donde hayan dictaminado la existencia de una incapacidad permanente, crónica e irreversible las personas interdictas sean excluidas de la valoración anual y que esos informes médicos puedan ser expedidos indistintamente por especialistas de cualquier instancia del sector salud.
En tribuna, la legisladora detalló que dicho artículo establece la obligación para el tutor de una persona en estado de interdicción presentar en enero de cada año el informe de dos médicos psiquiatras sobre el estado que guarda el familiar incapacitado, lo anterior busca salvaguardar la integridad y procurar la mejora en la salud de la persona interdicta.
“El 90 por ciento de los hogares en los que habita una persona con discapacidad depende completamente de sus redes de familiares, de apoyo, de vivienda, cuidado, alimentación y atención médica, además el CONAPRED, señala que más de la mitad de las personas con discapacidad viven en situación de pobreza, de las cuales más de 40 por ciento vive en pobreza moderada, mientras que 10 por ciento restante se encuentra en pobreza extrema, por ello si queremos cerrar la brecha en el rezago de las familias, identifiquemos el origen de ese rezago”, subrayó la diputada Gómez Otegui.
