Del 1 de enero al 30 de junio de 2022, los Órganos Internos de Control y la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas impusieron multas por un total de 114.49 millones de pesos. El número de licitantes, proveedores y contratistas inhabilitados es de 73, con periodos que van de los 3 meses a los 3 años 9 meses. Los principales motivos de sanción fueron: proporcionar información falsa en los procedimientos de contratación, incumplimientos contractuales que causaron daños o perjuicios graves y la no formalización de contratos adjudicados.

Del 1º de enero al 30 de junio de 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP), a través de los Órganos Internos de Control y la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, emitió 100 sanciones a 97 licitantes, proveedores y contratistas de instituciones del Gobierno Federal o de las entidades que ejercieron recursos federales, de acuerdo con la información contenida en el Sistema de Procedimiento Administrativo de Sanción a Proveedores y Contratistas (SANC).

Las principales conductas que provocaron las sanciones fueron: proporcionar información falsa en los procedimientos de contratación, incumplimientos contractuales que causaron daños o perjuicios graves y la no formalización de contratos adjudicados.

Los licitantes, proveedores y contratistas pueden ser sancionados con una o varias multas o inhabilitaciones, de acuerdo con las faltas en las que hayan incurrido. Cabe precisar que todas las sanciones son susceptibles de ser impugnadas.

De acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la SFP es la institución encargada de sancionar a los licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan dicha normativa.

Con corte al 18 de julio, durante el primer semestre las sanciones incluyen 76 inhabilitaciones a 73 personas físicas y morales, con periodos que van de los 3 meses a los 3 años 9 meses. En estos casos, las circulares de inhabilitación impuestas, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, tal como lo establecen las leyes en materia de contrataciones públicas.

Asimismo, se impusieron 100 multas por un monto total de 114.49 millones de pesos, cuya gestión de cobro corresponde al Servicio de Administración Tributaria. La vigencia de las inhabilitaciones que impone la SFP está sujeta al pago de la multa correspondiente y no solo a que transcurra el plazo impuesto.

Dichas sanciones también pueden consultarse en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, en el sitio https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx, cuyo registro puede variar dependiendo de las determinaciones dictadas en los medios de impugnación.

La SFP tiene como principal encomienda ser el garante de la fiscalización, control interno, auditoría y vigilancia de la Administración Pública Federal, en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan de él, apegados a los principios de eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez, economía y legalidad.

Con las acciones de sanción por el incumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y de obras públicas, celebrados en el sector público y cuya fuente de financiamiento sea recurso federal, la SFP coadyuva a prevenir la corrupción, no permitir la impunidad y promover la eficacia gubernamental.