Ciudad de México, a 17 de febrero de 2020. Por primera vez, los Órganos Internos de Control, que dependen de la Secretaría de la Función Pública tendrán una herramienta efectiva para investigar casos de hostigamiento y acoso sexual en las dependencias y entidades federales. Se busca prevenir, atender y sancionar con eficacia la violencia sexual dentro de las instituciones de gobierno y con ello fomentar climas laborales respetuosos y libres de discriminación y violencia.

Este lunes 17 de febrero entra en vigor el nuevo Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en el Gobierno de México, herramienta indispensable que busca erradicar esas lacerantes conductas en la Administración Pública Federal (APF) y fomentar climas laborales libres de discriminación y violencia.

El Protocolo, ahora basado en criterios nacionales e internacionales de derechos humanos, fue publicado por las secretarías de la Función Pública y de Gobernación, y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en el Diario Oficial de la Federación el pasado 3 de enero, y establece procedimientos uniformes para disuadir y castigar el hostigamiento y el acoso sexuales en las dependencias del Gobierno Federal (https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583420&fecha=03/01/2020).

La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros resaltó la relevancia del nuevo protocolo como herramienta efectiva para resolver problemáticas que se venían perpetuando desde hace varias administraciones y que, con un verdadero compromiso, serán atendidas con efectividad por los Órganos Internos de Control (OIC), los cuales dependen de la Secretaría de la Función Pública, y a los que ahora se les dota de rutas a seguir en la materia. “Desde la Función Pública hay cero tolerancia al acoso y el hostigamiento sexuales”, subrayó.

Por su parte, Nadine Gasman, presidenta del Inmujeres, destacó que la actualización del Protocolo fue posible gracias al trabajo coordinado con casi 60 dependencias y entidades de la APF, con el fin de evitar, desde la perspectiva de género, prejuicios y estereotipos que entorpezcan el proceso de atención a casos.

A través de la nueva herramienta normativa se garantizan los derechos humanos de las personas cuando sean víctimas de hostigamiento sexual y acoso sexual en el desempeño de su empleo en el servicio público federal, o al acudir a solicitar un trámite o recibir un servicio en la APF.

Para ello, el protocolo instaura mecanismos para orientar y brindar acompañamiento especializado a quienes denuncian para evitar su revictimización y garantizar su acceso a la justicia. Asimismo, señala las instancias encargadas, en cada dependencia, de conocer, investigar o sancionar esas conductas de violencia sexual.

De esta manera, se fortalecen las funciones y el perfil de las personas consejeras y se definen acciones concretas para los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses y los OIC, lo que antes estaba ausente.

El protocolo de actuación, explicó la secretaria Sandoval Ballesteros, obliga a verificar las quejas y denuncias y examinar la relación entre denunciante y persona denunciada, para identificar asimetrías de poder. Así, se establecen principios como el de exhaustividad, para asegurar a los OIC y personal encargado un papel activo, objetivo e imparcial en la obtención de evidencia.

De acuerdo con el Protocolo, cada dependencia y entidad de la APF deberá contar con un registro de los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual para facilitar el seguimiento e identificación de patrones y, de esa manera, implementar acciones que los inhiban y erradiquen, esto, con el fin de acabar con la impunidad. Entre las acciones está la creación del sitio cerotolerancia.inmujeres.gob.mx, en donde el personal del servicio público y la ciudadanía se podrán informar y capacitarse para sumarse a la construcción de una cultura libre de hostigamiento sexual y acoso sexual.

Para la Secretaría de la Función Pública y el Inmujeres, el nuevo Protocolo constituye un cambio de fondo, porque no sólo prohíbe la violencia sexual, sino que incluye medios efectivos, a cargo de los OIC, para combatirla y castigarla en las dependencias y entes públicos federales, al definir claramente los conceptos de las conductas y permite a las víctimas decidir qué instancia llevará su caso.