La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros firma convenio de colaboración con la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. Señala que desde la Función Pública se investiga si una falta administrativa puso en situación de vulnerabilidad a una niña de siete años víctima de violencia en la CDMX. Fortalecer mecanismos de seguimiento y atención a recomendaciones del organismo, entre los propósitos del Convenio.

Comprometida con el fomento y logro de un servicio público ético, con igualdad y respetuoso de los derechos humanos, la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros firmó esta mañana un convenio de colaboración con la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.

Durante la firma, la secretaria Sandoval Ballesteros se pronunció “por hacer del combate a la corrupción y la defensa de los derechos humanos elementos indisolublemente conectados en la Cuarta Transformación para acabar con el abuso de poder y la simulación, que durante décadas permeó al gobierno y a las instituciones”, lo que permitió tragedias como la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y el incendio de una guardería del IMSS.

Advirtió que hoy México vive una situación distinta, “por eso ahora, desde la Función Pública, en el ámbito de nuestra competencia, realizamos una investigación exhaustiva para saber si hubo alguna falta administrativa que colocara en situación de extrema vulnerabilidad a una niña de siete años”, quien fue victimada en días recientes en la Ciudad de México.

Subrayó que “la confianza de la ciudadanía nos ha dado el privilegio de trabajar por las y los mexicanos, pero también el mandato de transformar al gobierno, de uno frívolo, oneroso y alejado de la gente, a uno probo, austero y cercano a la población. Ha llegado la hora de abordar seriamente el problema de la responsabilidad del Estado ante prioridades fundamentales y los Derechos Humanos”.

Reconoció el hecho de que por primera vez una mujer esté al frente de la CNDH, “sobre todo cuando es notable su experiencia al enfrentar la violencia represora del Estado”.

Por su parte, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, destacó la trascendencia del Convenio suscrito con la Función Pública, y expresó su confianza de que rinda resultados positivos en beneficio de la población. “La CNDH está en toda la disposición de coadyuvar en lo necesario para fortalecer el respeto a los derechos humanos en México”, afirmó.

Entre los primeros compromisos de ambas instituciones destacan el intercambio de información actualizada y diagnósticos sobre el seguimiento y estado que guardan las recomendaciones, propuestas de conciliación y solicitudes de datos relacionados con Derechos Humanos, así como iniciar acciones conjuntas para fortalecer las capacidades institucionales de la Administración Pública Federal (APF) en esta materia.

El convenio busca fortalecer los mecanismos de seguimiento y atención a las recomendaciones de la CNDH, en el entendido de que la observancia de las disposiciones en este terreno requiere de una mayor y mejor cooperación interinstitucional. Para ello, buscarán conjuntar el criterio que en situaciones específicas de respeto a los derechos humanos deben observar las personas servidoras públicas durante su desempeño.

La Secretaría de la Función Pública y la CNDH convinieron desarrollar programas, congresos, seminarios, simposios, foros y demás actividades de capacitación en materia de Derechos Humanos, con la finalidad de sensibilizar a las y los servidores públicos sobre la importancia del respeto a los derechos humanos.

Son distintas las acciones que la Función Pública ya implementa en el tema del respeto a los derechos humanos, principalmente a través de sus Órganos Internos de Control (OIC) y programas, como “Cultura de la Denuncia” o “Denuncia Paisano”, mediante los cuales atiende quejas y denuncias de acoso y hostigamiento sexual, abuso de autoridades contra migrantes, y discriminación en el ámbito de la Administración Pública Federal.

Como señala el Informe de Fiscalización de la Función Pública 2019, dado a conocer hace una semana, desde el inicio de esta administración la dependencia emprendió un cambio de rumbo para fortalecer su actuación y sustentarla en los criterios de legalidad, eficiencia y determinación en el combate a la corrupción y a la impunidad, con ética profesional, participación ciudadana y respeto irrestricto a los derechos humanos.

La Función Pública construye día a día una cultura de la integridad, la ética y la profesionalización del servicio público, basada en la transparencia y la rendición de cuentas en un marco de respeto a la inclusión y a los derechos humanos.