Gabinete de seguridad aclara que ni la FGR ni la UIF han congelado cuentas de Verónica Ruffo
_ El Gabinete de Seguridad de México informó que ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han congelado las cuentas bancarias de Verónica Ruffo, hija del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. La aclaración se da en el contexto de la investigación por contrabando de hidrocarburos conocida como "huachicol fiscal", en la que el exmandatario y otras siete personas fueron vinculadas a proceso por delitos de contrabando, delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
La FGR presentó una solicitud a la UIF para inmovilizar recursos de personas físicas y morales señaladas en la investigación, pero Verónica Ruffo no figura en esa lista. Las medidas de inmovilización se aplican exclusivamente a los imputados, entre ellos Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Luis Antonio Barrientos Juárez, José María de la Peña Ramos, Guillermo de la Peña Rosales y Adriana Magali Bárcenas Guillen.
El caso se centra en la empresa Ingemar, de la cual Ernesto Ruffo es accionista mayoritario. Se le acusa de liderar una organización delictiva dedicada al contrabando de combustibles desde Estados Unidos hacia México, evadiendo impuestos mediante registros falsos que declaraban ferrotanques como semivacíos cuando en realidad estaban llenos. Un operativo en Coahuila descubrió 15 millones de litros de combustible en 129 carrotanques, lo que detonó la investigación.
Se estima que esta red habría contrabandeado 800 millones de litros de hidrocarburos, generando un daño fiscal superior a los 5,400 millones de pesos. La relevancia del caso radica en la implicación de un exgobernador en actividades que afectan la economía nacional y la seguridad energética del país, así como en la coordinación entre instituciones para combatir la delincuencia organizada.
Las autoridades reiteraron que cualquier medida de aseguramiento de recursos se aplica únicamente a las personas incluidas en la investigación, y que Verónica Ruffo no ha sido objeto de dichas acciones. El proceso judicial continúa en curso, mientras la FGR y la UIF mantienen su colaboración para esclarecer los hechos y proteger los derechos de todas las partes involucradas.
La FGR presentó una solicitud a la UIF para inmovilizar recursos de personas físicas y morales señaladas en la investigación, pero Verónica Ruffo no figura en esa lista. Las medidas de inmovilización se aplican exclusivamente a los imputados, entre ellos Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Luis Antonio Barrientos Juárez, José María de la Peña Ramos, Guillermo de la Peña Rosales y Adriana Magali Bárcenas Guillen.
El caso se centra en la empresa Ingemar, de la cual Ernesto Ruffo es accionista mayoritario. Se le acusa de liderar una organización delictiva dedicada al contrabando de combustibles desde Estados Unidos hacia México, evadiendo impuestos mediante registros falsos que declaraban ferrotanques como semivacíos cuando en realidad estaban llenos. Un operativo en Coahuila descubrió 15 millones de litros de combustible en 129 carrotanques, lo que detonó la investigación.
Se estima que esta red habría contrabandeado 800 millones de litros de hidrocarburos, generando un daño fiscal superior a los 5,400 millones de pesos. La relevancia del caso radica en la implicación de un exgobernador en actividades que afectan la economía nacional y la seguridad energética del país, así como en la coordinación entre instituciones para combatir la delincuencia organizada.
Las autoridades reiteraron que cualquier medida de aseguramiento de recursos se aplica únicamente a las personas incluidas en la investigación, y que Verónica Ruffo no ha sido objeto de dichas acciones. El proceso judicial continúa en curso, mientras la FGR y la UIF mantienen su colaboración para esclarecer los hechos y proteger los derechos de todas las partes involucradas.
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