_ En respuesta a lo publicado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, el Gobierno de México reitera su firme compromiso en resolver el caso Ayotzinapa como un asunto de Estado.
El objetivo central de esta investigación sigue siendo el esclarecimiento de la verdad detrás de los hechos ocurridos en septiembre de 2014, así como dar con el paradero de los 40 estudiantes que aún permanecen desaparecidos y asegurar la debida justicia a los responsables.
Desde el inicio de los trabajos, los padres y madres de los normalistas solicitaron atender cuatro ejes fundamentales en la investigación: la participación del 27 Batallón de Infantería, el posible traslado de estudiantes a Huitzuco, el análisis de la red de telefonía celular y el trasiego de droga de Iguala a Chicago como posible móvil de la agresión. Todos estos aspectos han sido abordados en el proceso.
Actualmente, 14 militares, incluyendo dos generales, se encuentran detenidos y sujetos a proceso, así como siete policías municipales, seis policías estatales y seis policías federales ministeriales, todos involucrados en los hechos relacionados en Huitzuco. Además, se ha llevado a cabo un exhaustivo análisis de 87 millones de registros telefónicos, depurando 84 mil registros de llamadas y geolocalizando 116 números cruciales para desmentir la versión histórica.
Por último, testimonios y pruebas han vinculado a diversas autoridades con el grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes enfrentan cargos por delincuencia organizada y otros delitos relacionados con el trasiego de drogas.
Ante una campaña de desinformación dirigida a socavar los resultados de la investigación sin precedentes, el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez reafirmó que, a partir de esta semana, se proporcionará información detallada sobre las acciones realizadas por la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa durante los últimos cuatro años.
La transparencia y el respeto a las víctimas y sus familias han sido pilares fundamentales en el proceso de investigación, sin dar cabida a protagonismos innecesarios ni poner en riesgo la integridad de la indagación penal.
