El Gobierno de México emite un fuerte rechazo y suscribe la postura de la Fiscalía General de la República (FGR) ante la liberación de ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa por decisión de la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo y los magistrados Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio. Se cuestiona la falta de prioridad del Poder Judicial de la Federación (PJF) en buscar la justicia y la verdad en este caso crucial.

La administración mexicana denuncia el uso de pretextos procedimentales por parte del PJF, subrayando la falta de consideración hacia los derechos de las víctimas y la presunta intención de favorecer la imagen del Ejército. Se mencionan casos anteriores, incluyendo la liberación de 62 implicados y los intentos de dejar en libertad a Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República.

Se solicitará a la fiscalía la revisión de las medidas cautelares y la posibilidad de nuevas órdenes de aprehensión, reafirmando el compromiso del Gobierno con la legalidad y el derecho a la verdad. El caso Ayotzinapa sigue siendo una prioridad de Estado, y se buscará exhaustivamente la justicia para los familiares de los estudiantes desaparecidos.