El Gobierno de México anunció la renovación del Seguro para Catástrofes 2026-2027, un instrumento que duplica su suma asegurada a 10 mil 400 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer la protección de la población y el patrimonio público ante desastres naturales. La cobertura, vigente del 5 de junio de 2026 al 5 de mayo de 2027, abarca todo el territorio nacional y contempla sismos, erupciones volcánicas, huracanes e inundaciones de severidad media alta.

El nuevo seguro se integra por dos componentes clave: un Fondo de Administración de Pérdidas por 400 millones de pesos y un seguro paramétrico de 10 mil millones de pesos, diseñado para garantizar una respuesta financiera inmediata ante catástrofes de alta severidad. La empresa aseguradora encargada de este instrumento es Agroasemex, S.A., lo que asegura la solidez y experiencia en el manejo de riesgos agropecuarios y catastróficos.

Este esquema forma parte de una estrategia integral de gestión de riesgos que el Gobierno de México ha impulsado para proteger el patrimonio público federal. Incluye, además, los Seguros Patrimoniales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y el Bono para Catástrofes, instrumentos que complementan los recursos presupuestales del Ramo 23 destinados a atender a la población afectada por fenómenos naturales.

La renovación del Seguro para Catástrofes representa un paso significativo en la capacidad del Estado para responder de manera oportuna y eficiente ante emergencias. Al duplicar la suma asegurada, se amplía la protección tanto de la infraestructura pública como de las comunidades vulnerables, reduciendo el impacto económico y social de los desastres naturales.

Cabe destacar que el seguro paramétrico, al activarse automáticamente con base en parámetros objetivos como la magnitud de un sismo o la intensidad de un huracán, permite liberar recursos de forma ágil sin necesidad de evaluaciones de daños previas. Esto acelera la atención a las zonas afectadas y minimiza los tiempos de espera para la población damnificada.

Con esta medida, el Gobierno de México reafirma su compromiso con la prevención y la protección civil, al tiempo que fortalece la resiliencia del país frente a fenómenos naturales cada vez más frecuentes e intensos, como los huracanes y sismos que históricamente han impactado diversas regiones del territorio nacional.