Grupo Yazaki, la empresa líder en la industria de la manufactura de componentes automotrices, ha tomado medidas significativas para fortalecer los derechos laborales de sus empleados en colaboración con los gobiernos de México y Estados Unidos. Esto surge en respuesta a una solicitud de revisión bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) relacionada con la planta ubicada en León, Guanajuato.

El pasado 18 de agosto, México notificó a Estados Unidos que no se llevaría a cabo la revisión de presunta denegación de derechos en dicha planta debido a que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) no encontraron pruebas de denegación de derechos. A pesar de esto, Grupo Yazaki decidió tomar medidas adicionales para garantizar los derechos de sus trabajadores.

Una de las medidas clave fue la emisión de una "Carta de Neutralidad" por parte de la empresa, en la cual se comprometen a respetar y defender los derechos de libertad sindical y negociación colectiva de sus empleados. Esta carta fue publicada en línea y en tableros informativos en todas sus instalaciones en México, además de ser entregada físicamente a cada empleado de la planta de León, Guanajuato.

Además, más de 3 mil empleados de la planta de León recibieron capacitación por parte de la STPS sobre sus derechos de libertad de asociación y negociación colectiva, así como sobre la importancia de la carta de neutralidad. También se programó capacitación para el personal y líderes sindicales en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Grupo Yazaki colaboró activamente con ambos gobiernos, y la STPS llevará a cabo inspecciones en la planta de León, mientras que el CFCRL emitirá una declaración relacionada con los derechos de los trabajadores durante cualquier votación sindical.

Gracias a estas acciones y la colaboración entre México y Estados Unidos, se resolvió la solicitud de revisión sin necesidad de invocar un panel de resolución de controversias en el marco del T-MEC. Este acuerdo refleja el compromiso del Gobierno de México de proteger los derechos colectivos de sus trabajadores y aplicar eficazmente la legislación laboral nacional y las disposiciones del T-MEC.