Inhabilitan hasta por 10 años a cuatro exfuncionarios del SAT y Banco del Bienestar
_ La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, derivado de investigaciones de los Órganos Internos de Control (OIC) en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en el Banco del Bienestar (BANBIEN), se acreditaron faltas administrativas graves cometidas por cuatro ex servidores públicos. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso inhabilitaciones de hasta 10 años para desempeñar cargos públicos, así como sanciones económicas que van de los 25 mil a los 250 mil pesos.
En el caso del SAT, el OIC investigó a una persona servidora pública por la asignación irregular de citas para trámites. Según el comunicado oficial, el exfuncionario utilizó datos personales de contribuyentes que no estaban registrados en el portal oficial de la institución, lo que constituye una falta administrativa grave. Como resultado, Víctor R., quien se desempeñaba como subadministrador de Servicios al Contribuyente, fue inhabilitado por un año para trabajar en el servicio público.
En el Banco del Bienestar, el Órgano Interno de Control acreditó irregularidades cometidas por tres personas servidoras públicas. En dos de los casos, las faltas estuvieron relacionadas con el retiro de recursos de cuentas bancarias sin el consentimiento de los cuentahabientes, por un monto superior a 275 mil pesos. En el tercer caso, la falta consistió en la realización de conciliaciones con información no verídica. Los sancionados son Juan D., exsubjefe de área de BANBIEN; Orlando P., exauxiliar de sucursal; y Marco M., exasistente administrativo. Los tres recibieron inhabilitaciones por 10 años y sanciones económicas.
Las sanciones económicas impuestas oscilan entre los 25 mil y los 250 mil pesos, aunque el comunicado no desglosa el monto exacto para cada uno de los implicados. La dependencia subrayó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones, pero advirtió que, en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá las sanciones con la misma firmeza con que fueron investigados los casos: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo el interés público.
El combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad, señaló la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Por ello, invitó a la ciudadanía a denunciar actos de corrupción en el sector público a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (sidec.buengobierno.gob.mx). La dependencia concluyó que "quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar consecuencias", y reiteró su compromiso de actuar con firmeza para fortalecer una cultura de honestidad y cero impunidad en el sector público.
En el caso del SAT, el OIC investigó a una persona servidora pública por la asignación irregular de citas para trámites. Según el comunicado oficial, el exfuncionario utilizó datos personales de contribuyentes que no estaban registrados en el portal oficial de la institución, lo que constituye una falta administrativa grave. Como resultado, Víctor R., quien se desempeñaba como subadministrador de Servicios al Contribuyente, fue inhabilitado por un año para trabajar en el servicio público.
En el Banco del Bienestar, el Órgano Interno de Control acreditó irregularidades cometidas por tres personas servidoras públicas. En dos de los casos, las faltas estuvieron relacionadas con el retiro de recursos de cuentas bancarias sin el consentimiento de los cuentahabientes, por un monto superior a 275 mil pesos. En el tercer caso, la falta consistió en la realización de conciliaciones con información no verídica. Los sancionados son Juan D., exsubjefe de área de BANBIEN; Orlando P., exauxiliar de sucursal; y Marco M., exasistente administrativo. Los tres recibieron inhabilitaciones por 10 años y sanciones económicas.
Las sanciones económicas impuestas oscilan entre los 25 mil y los 250 mil pesos, aunque el comunicado no desglosa el monto exacto para cada uno de los implicados. La dependencia subrayó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones, pero advirtió que, en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá las sanciones con la misma firmeza con que fueron investigados los casos: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo el interés público.
El combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad, señaló la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Por ello, invitó a la ciudadanía a denunciar actos de corrupción en el sector público a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (sidec.buengobierno.gob.mx). La dependencia concluyó que "quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar consecuencias", y reiteró su compromiso de actuar con firmeza para fortalecer una cultura de honestidad y cero impunidad en el sector público.
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