El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), anunció una inversión de 56 mil 549 millones de pesos (mdp) para el Programa de Infraestructura Carretera 2025, lo que permitirá generar 162 mil 93 empleos directos e indirectos. Durante el sexenio se destinarán 369 mil 814 mdp que permitirán modernizar carreteras, construir puentes, caminos artesanales y desarrollar acciones de bacheo y repavimentación, beneficiando a millones de mexicanos y generando más de un millón 100 mil empleos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que, a diferencia de gobiernos anteriores, la Cuarta Transformación reinvierte los recursos públicos en infraestructura en beneficio del pueblo. Resaltó que proyectos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y la construcción masiva de carreteras públicas son ejemplo de esta política que rechaza la privatización y fortalece el patrimonio nacional.

El secretario de Infraestructura, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que el programa incluye obras de continuidad como el Puente Nichupté en Quintana Roo y la carretera San Ignacio-Tayoltita. Además, se contempla la modernización de 2 mil 220 kilómetros en 10 ejes prioritarios que abarcan regiones estratégicas del país. Se destinarán 12 mil 505 mdp para 16 km de puentes y distribuidores viales, mientras que el Plan Lázaro Cárdenas ejecutará 904 km en Oaxaca y Guerrero.

El programa también abarca la construcción de 2 mil 107 km de caminos artesanales en 11 estados, así como la rehabilitación de 68 puentes y 5 mil acciones de estabilización de taludes en Guerrero. En cuanto a conservación rutinaria y periódica, se aplicarán 219 mil 698 mdp para más de 58 mil km de infraestructura vial. Tan solo en 2025 se invertirán 34 mil 348 mdp.

Finalmente, el gobierno federal anunció la compra de 20 trenes de pavimentación que serán distribuidos en 12 entidades del país, además de equipos de bacheo para municipios del oriente del Estado de México, con el fin de reducir costos y agilizar los trabajos, sin depender de empresas privadas. Estas acciones consolidan una política de infraestructura que prioriza el empleo, la equidad territorial y el uso eficiente del presupuesto público.