Desde el 17 de junio de 2025, todos los centros de trabajo del sector privado en México están obligados a garantizar que sus empleados tengan acceso a una silla para descansar, siempre que la naturaleza de sus funciones lo permita. Esta nueva disposición forma parte de la llamada "Ley Silla", una reforma a la Ley Federal del Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Impulsada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), esta normativa tiene como objetivo mejorar la salud física y emocional de millones de personas trabajadoras, especialmente quienes laboran de pie durante jornadas extensas, como en tiendas, farmacias, fábricas o call centers. La ley establece que no se requiere autorización previa para utilizar la silla y prohíbe cualquier represalia por hacerlo.

La obligación aplica en todos los casos donde las condiciones técnicas lo permitan. Solo se exceptúan actividades que impliquen riesgos si se realiza sentado, como la operación de maquinaria pesada, líneas de producción riesgosas o espacios de trabajo reducidos. La STPS emitirá antes del 17 de julio una guía técnica con criterios específicos sobre las posibles excepciones.

El incumplimiento de esta ley puede acarrear multas que van desde los $28,000 hasta los $283,000 pesos, de acuerdo con el número de Unidades de Medida y Actualización (UMAs) aplicables. En caso de reincidencia, incluso podría ordenarse la suspensión temporal del centro de trabajo, lo que refuerza el carácter obligatorio de la reforma.

Los trabajadores que no cuenten con una silla o enfrenten restricciones para usarla pueden presentar una denuncia ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). La Ley Silla no exige estar sentado todo el tiempo, sino garantizar el derecho a descansar sentado cuando sea viable, fortaleciendo así los derechos laborales en el país.