El estado de Luisiana ha promulgado una ley que obliga a las escuelas y universidades públicas a exhibir un cartel con ‘Los diez mandamientos’ en sus aulas. Esta medida, firmada por el gobernador republicano Jeff Landry, fue aprobada en mayo por el Legislativo estatal, dominado por conservadores. La ley, conocida como HB-71, especifica que el cartel debe medir al menos 27 por 35 centímetros y estar claramente visible en las aulas.

La ley no solo exige la exhibición de ‘Los diez mandamientos’, sino que también establece una versión específica del texto, advirtiendo que cualquier desviación de esta versión constituiría una violación de la ley estatal. El principal impulsor del proyecto, el republicano Dodie Horton, defendió la medida argumentando que los mandamientos son la “base de todas las leyes en Luisiana”. Sin embargo, los demócratas que se opusieron a la ley la consideran inconstitucional.

Organizaciones de derechos civiles como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), Americanos Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado, y el Southern Poverty Law Center han anunciado su intención de impugnar la medida. Estas organizaciones argumentan que la ley viola el principio constitucional de separación entre la Iglesia y el Estado. La ACLU y otros defensores de los derechos civiles planean desafiar la ley en los tribunales, basándose en precedentes legales como el fallo ‘Stone contra Graham’ de 1980, que prohibió la exhibición de ‘Los diez mandamientos’ en las aulas en todo el país.

La nueva ley de Luisiana se enmarca en un contexto más amplio de intentos por parte de otros estados, como Texas, Carolina del Sur y Utah, de aprobar iniciativas similares sin éxito. Estos esfuerzos se intensificaron después del fallo del Supremo de Estados Unidos en 2022 en el caso ‘Kennedy contra el Distrito Escolar de Bremerton’, que permitió una interpretación más flexible de la prohibición constitucional de la religión patrocinada por el Estado. El fallo favoreció a Joe Kennedy, un exentrenador de fútbol americano que fue despedido por rezar en el campo después de los partidos, al considerar que su oración no violaba la Constitución.

La medida ha generado un intenso debate sobre la libertad religiosa y la constitucionalidad de imponer exhibiciones religiosas en instituciones públicas. Mientras los defensores de la ley argumentan que refuerza los valores tradicionales y morales, sus detractores sostienen que atenta contra la neutralidad del Estado en asuntos religiosos y puede abrir la puerta a futuros litigios y controversias legales.