México marca un precedente internacional al reconocer legalmente a repartidores y conductores de plataformas digitales como trabajadores formales. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que más de 1.2 millones de personas que laboran en apps como Uber, DiDi y Rappi han sido incorporadas al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que eleva el número total de empleos formales a más de 23.5 millones, la cifra más alta en la historia del país.
La reforma laboral, que entró en vigor el 1 de julio de 2025, garantiza derechos como seguridad social, pensión, guarderías, atención médica y participación en utilidades. El director del IMSS, Zoé Robledo, destacó que este modelo es pionero a nivel mundial y representa un cambio cultural profundo en la forma de entender el trabajo digital. “Un modelo de negocios nunca puede excluir a la seguridad social”, afirmó, subrayando que esta legislación protege incluso a quienes trabajan por ocasión o no alcanzan el salario mínimo mensual.
Las plataformas digitales están obligadas a registrar a sus colaboradores ante el IMSS y pagar las cuotas obrero-patronales correspondientes. El salario base de cotización se calcula en función del ingreso mensual neto, sin considerar propinas. En caso de ingresos inferiores al salario mínimo, los trabajadores pueden afiliarse voluntariamente como independientes. Además, se implementó una cláusula de inactividad que suspende la relación laboral tras 30 días sin conexión.
La reforma también contempla transparencia algorítmica, contratos claros y protección contra despidos injustificados. Las plataformas deberán evitar prácticas de desconexión arbitraria y ofrecer mecanismos de conciliación laboral. El programa piloto será evaluado antes de su implementación definitiva en enero de 2026, con supervisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Con esta medida, México se convierte en uno de los primeros países del mundo en integrar a los trabajadores de la economía digital al sistema formal. La iniciativa busca dignificar el trabajo digital, reducir la precariedad laboral y ampliar el acceso a derechos fundamentales. Expertos en derecho laboral consideran que esta reforma podría servir de modelo para otras naciones que enfrentan desafíos similares en la regulación del trabajo en plataformas.