En respuesta a la reciente aprobación de la ley SB4 por el Congreso de Texas, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha expresado su firme rechazo a estas medidas antiinmigrantes. La legislación, que busca detener el flujo migratorio mediante la criminalización de los migrantes, ha generado preocupación por posibles efectos como la separación de familias y discriminación racial.

Aunque México reconoce el derecho soberano de cualquier país para establecer sus políticas públicas, el gobierno mexicano defiende su derecho a proteger a sus nacionales en Estados Unidos. En este sentido, se oponen a cualquier medida que permita detener y retornar a personas a territorio mexicano, buscando una cooperación que asegure una migración ordenada y respetuosa de los derechos humanos.

Además, el Gobierno de México manifiesta su inquietud por las posibles repercusiones de estas medidas en los más de 10 millones de mexicanos que residen en Texas. Se teme que la legislación propicie ambientes hostiles y genere actos de odio contra las comunidades migrantes. Se rechaza especialmente cualquier medida que contemple el retorno involuntario de personas migrantes sin respetar el debido proceso.

Ante esta situación, la Cancillería mexicana ha instruido a sus representaciones consulares en Texas a intensificar las acciones de protección y asistencia. Se llevarán a cabo encuentros con autoridades, reuniones con grupos de derechos civiles, jornadas informativas y asesoría legal gratuita. El Gobierno de México reafirma su compromiso con la protección de los derechos de las personas mexicanas en el extranjero y está dispuesto a tomar medidas legales para salvaguardarlos.