Al encabezar la presentación del informe semestral de personas desaparecidas y no localizadas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, subrayó que se requieren dos grandes reformas en materia forense; una integral de búsqueda e identificación humana que fortalezca las facultades de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), las comisiones locales y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP) que permita tener peritos especializados para llevar a cabo diligencias de exhumación de cuerpos.

La segunda, dijo, tiene que ver con el Poder Judicial porque mientras no se resuelva que los casos de desaparición sean castigados, este fenómeno seguirá reproduciéndose; subrayó que a la fecha, solo hay 35 sentencias por delito de desaparición de personas, en tanto que existe un registro de más de 89 mil personas desaparecidas, "la falla que tenemos en el sistema de procuración de justicia es la falta de integración en averiguaciones, particularmente en desaparición, y eso es un problema delicado, porque mientras prevalezca la impunidad será muy difícil enfrentar este crimen."

Encinas Rodríguez subrayó que durante el primer semestre de 2021 se registró una tendencia a la baja en el hallazgo de fosas clandestinas respecto al mismo periodo con los años anteriores: 408 en 2019; 297 en 2020, y 174 en 2021, así como en los cuerpos recuperados 2020 fueron 461, en 2019, 607 y en 2021, 393.

Destacó que de las 49 mil 581 personas reportadas como desaparecidas en el periodo diciembre de 2018 al 30 de junio de 2021, fueron localizadas el 56.54 por ciento del total de personas localizadas en este periodo: el 95 por ciento fueron localizadas con vida (25 mil 777) y el 8.05 por ciento fallecidas (2 mil 258).

Precisó que los municipios que concentran el mayor número de cuerpos en el periodo de diciembre de 2018 a junio de 2021, se encuentran en los estados de Jalisco, Colima, Sinaloa, Guanajuato y Sonora.

En su intervención, la titular de la CNB, Karla Quintana Osuna, refirió que, en coordinación con autoridades federales y, entre febrero de 2019 y junio de este año, la dependencia que encabeza ha realizado mil 758 acciones de búsqueda en 28 entidades del país, siendo los estados de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa y Guanajuato los primeras cinco.

Respecto al Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), informó que se espera que para el 1 de agosto esté conformado ya el grupo coordinador. Este proceso se ha llevado a cabo con el acompañamiento de familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil, autoridades federales y estatales, así como organismos internacionales.

Acerca del Comité contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) de la ONU informó que el Estado mexicano se encuentra en diálogo directo para coordinar su visita al país.

Asimismo, la titular de la CNB abundó sobre los trabajos de identificación masiva en Saltillo, Coahuila, a través del Centro Regional de Identificación Humana, el cual es un proyecto del Estado mexicano en el que están involucradas autoridades federales y estatales.

Mencionó las acciones de búsqueda en los casos de Claudia Uruchurtu, en Oaxaca, y la desaparición de personas en el tramo de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, conocido como el Kilómetro 26. Además se refirió a la zona conocida como La Bartolina, en Tamaulipas. En este último punto informó que desde 2017 se han extraído cerca de 500 kilogramos de restos óseos calcinados en sitios de exterminio en crematorios clandestinos.

Respecto de la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la comisionada Karla Quintana reiteró el rechazo de la CNB y comisiones locales de búsqueda a la iniciativa aprobada por el congreso mexicano. Además dijo que se solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el texto de la controversia constitucional que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que argumenta en un comunicado que no se cumple con las demandas de familiares de personas desaparecidas, organismos defensores de derechos humanos y algunas autoridades.