En su participación como representante del Gobierno de México en el Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI), celebrado en la sede de las Naciones Unidas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, subrayó que la movilidad humana es un derecho y se debe asumir que las políticas de contención y las restricciones no detienen la migración.

“Debemos asumir que las políticas de contención, las legislaciones restrictivas y las campañas discriminatorias y la xenofobia, lejos de resolver el problema generan mayor vulnerabilidad y arrojan a las personas migrantes a los brazos de las redes delictivas de tráfico y trata de personas”, sostuvo.

Explicó que los flujos irregulares van en aumento por circunstancias como la pobreza, violencia, cambio climático, intolerancia, fanatismo religioso, guerra y la eventual caída en la oferta de alimentos a nivel internacional, por ello –dijo– México reconoce la importancia de proteger a las personas en contextos de vulnerabilidad durante su migración.

“La respuesta humanitaria que todos podemos brindar es crucial para asegurar la garantía de los derechos humanos y de la dignidad e integridad de las personas víctimas de estas circunstancias”, enfatizó.

El subsecretario informó que existe un crecimiento constante del número de solicitantes de refugio, alcanzando máximos históricos al registrarse más de 290 mil solicitudes en los últimos tres años de 110 de nacionalidades distintas de todos los continentes, siendo México el tercer país en el mundo, receptor de personas solicitantes de refugio y de protección complementaria.

Alejandro Encinas Rodríguez resaltó que se requiere construir un nuevo paradigma, “el de la integración y del desarrollo de los países y de las regiones expulsoras con la cooperación de los países de destino. Por ello, el presidente de México ha planteado la suma de acciones y recursos para el desarrollo e integración de los países del norte de Centroamérica con la frontera sur de México, brindando apoyo al desarrollo de actividades económicas y comunitarias en los países de origen y promoviendo la canalización de recursos públicos e inversiones privadas desde los países de destino, así como abriendo la participación de la sociedad civil, las acciones para atender adecuadamente en los países de origen a quienes hoy se ven obligados a salir del lugar donde nacieron”.

Por último, refrendó el compromiso de México con el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM), invocando a la responsabilidad compartida para promover, proteger y garantizar la dignidad y los derechos humanos de todas las personas en contextos de movilidad humana, sin importar su condición migratoria o cualquier otra circunstancia y que se logre no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera.