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Desde hace muchos años las personas con capacidades diferentes han buscado luchar por la igualdad de derechos. Incluso se organizó en 1999 en la Ciudad de México un Congreso Mundial con la participación de representantes de 144 país, pero los avances quedaron en el olvido de los cambios de administración.
Todavía en el sexenio de Vicente Fox Quesada hubo una oficina adscrita directamente a la presidencia de la república para que atendiera la problemática relacionada con las personas discapacitadas, pero a final de cuentas los resultados no fueron efectivos. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia mantiene apoyos, pero cada vez más marginales por su limitado presupuesto.
En la Ciudad de México se calcula existen medio millón de personas con alguna discapacidad; el 56.9 por cieno son mujeres y el 43.1 por ciento son hombres, más de la mitad son mayores de 84 años de edad.
La mayor parte de esa población son personas con dificultades para caminar o moverse; le siguen quienes tienen problemas para ver – usar lentes sin importar la graduación, es considerado discapacidad --, con limitaciones para hablar, comunicarse o conversar, aquellas que no oyen aún cuando usen un aparato auditivo, con limitaciones mentales y con algún problema motriz que les impide bañarse, vestirse y comer.
Según el censo de 2010, el 30 por ciento de las personas con capacidades diferentes carecen de algún servicio institucional de salud, lo que agrava su situación porque además de ser población vulnerable, tiene impedimentos para atenderse adecuadamente.
Una encuesta reciente reveló que la discapacidad es la sexta problemática más común de discriminación en la Ciudad de México. Derecho a la accesibilidad, burlas, rechazo, menosprecio, vulneración del derecho al trabajo y derechos humanos, agresiones y negación de servicios son las causas más frecuentes de ese fenómeno.
En virtud de que casi el 60 por ciento de la población con capacidades diferentes es adulto mayor, aumentan los riesgos de contagiarse por COVID 19, no sólo por los casos de inmunosupresión ocasionados por sus limitaciones, sino por posibles padecimientos crónicos, lesiones y su condición económica.
Aunque las autoridades de salud consideran a las personas con discapacidad entre los grupos sociales vulnerables, no se ha establecido un programa de apoyo a ellos ante la emergencia sanitaria.
Lo que se ha logrado importante para este sector en la presente administración en la Ciudad de México, en el marco de la crisis de COVID19, es la emisión de una tarjeta incluyente, que deberá ser tramitada una sola vez. Primeramente se debe acudir a un centro de salud para obtener la constancia de discapacidad permanente y después ingresar a una ventanilla virtual para concluir el trámite.
Con ese documento, las personas con capacidades diferentes obtienen servicio en el Metro, Metrobús, RTP y en el Sistema de Transporte Eléctrico, descuentos en el predial y agua, así como apoyo para la inclusión laboral, a través de la secretaría del Trabajo de la CDMX.
Por supuesto que es bueno tener estos beneficios, pero miles de personas con capacidades diferentes en la Ciudad de México siguen en riesgo y por ahora no existe ningún protocolo que los auxilie en caso de contagiarse de COVID19 o de apoyos de salud en general.
![Discapacidad, discriminación y olvido](https://ntcd.mx/uploads/2020/06/24/nacional-discapacidad--discriminacion-olvido202024648.jpg)