El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, presentó la nueva Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social, aprobada por el Congreso local y publicada en la Gaceta Oficial. Esta normativa sustituye la antigua Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal de 2000 y establece el Sistema General de Bienestar Social. Con 82 artículos, la ley busca garantizar el pleno goce de los derechos universales de la ciudadanía, especialmente en áreas como pobreza, discriminación, alimentación, educación, salud y vivienda.

Durante la presentación, Batres enfatizó que la nueva ley tiene como objetivos fundamentales garantizar el derecho al bienestar, brindar herramientas a la administración pública y priorizar la igualdad social. Esta ley es clave para asegurar que la democracia en la ciudad tenga contenido y adjetivos, enfocándose en el bienestar y la igualdad. Batres subrayó la importancia de reducir las desigualdades, revertir procesos de segregación socio-territorial y organizar la prestación de servicios públicos universales, gratuitos y de calidad.

La ley también establece un programa especial de bienestar y un padrón unificado de beneficiarios de los programas sociales. Las alcaldías deberán coordinarse con las áreas correspondientes del Gobierno de la Ciudad de México para unificar padrones y evitar duplicidades. Esto maximizará el impacto económico y social de los programas, asegurando que las políticas de bienestar estén dirigidas de manera efectiva a los grupos prioritarios, incluyendo migrantes, víctimas de violencia de género, personas en situación de calle, entre otros.

El secretario de Inclusión y Bienestar Social, Juan Gerardo López Hernández, destacó la creación del Sistema General del Bienestar Social, que promoverá la coordinación entre diversas instituciones y fomentará la participación de organizaciones y ciudadanía. Este sistema será esencial para la planeación y programación del bienestar social de manera democrática y participativa, involucrando a todos los actores relevantes en el proceso.

La diputada local Martha Ávila Ventura resaltó que la nueva ley fortalece el marco jurídico para garantizar una vida digna a los capitalinos. Además, subrayó que la ley no solo preserva, sino que refuerza las facultades de las alcaldías para implementar sus propios programas sociales. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno permitirá maximizar el impacto de estas iniciativas, evitando duplicidades y asegurando un enfoque inclusivo y protector de los grupos de atención prioritarios.