El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, solicitó la renuncia de todos los ministros y principales funcionarios del gobierno el 9 de noviembre de 2026, en medio de una profunda crisis política y financiera desencadenada por el colapso de Ueno Bank. La medida busca reestructurar el gabinete tras la destitución de su predecesor, Santiago Peña, y ocurre mientras el país enfrenta cuestionamientos sobre la supervisión del sistema financiero y el manejo de fondos públicos.

El Banco Central del Paraguay intervino Ueno Bank después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo requerido. La intervención dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus depósitos y afectó fondos de pensiones y cuentas gubernamentales. De acuerdo con reportes, la entidad manejaba entre 800 y 850 millones de dólares en fondos públicos, incluidos alrededor de 380 millones del fondo estatal de pensiones y salud.

La crisis bancaria derivó en la destitución de Santiago Peña, acusado de utilizar su influencia política para dirigir cientos de millones de dólares en fondos públicos hacia Ueno Bank, mientras los reguladores habrían pasado por alto prácticas de préstamos riesgosas. Peña fue puesto bajo arresto domiciliario y enfrenta cargos por delitos como abuso de confianza y administración para beneficio personal. En tanto, Carlos Carvallo, exdirector del Banco Central, renunció en medio del proceso de resolución del banco.

El seguro de depósitos cubre hasta 38,000 dólares por persona, lo que protege aproximadamente al 97% de los depositantes, aunque persisten afectaciones para los clientes con saldos superiores y para los fondos institucionales comprometidos. La situación también ha generado protestas, como la huelga de docentes que exigen protección para los fondos de pensiones tras el colapso de la entidad financiera.

La solicitud de renuncia a todo el gabinete refleja la magnitud del escándalo que sacude la estabilidad política y económica de Paraguay. El caso ha puesto en evidencia la necesidad de una supervisión financiera más estricta y de mayor transparencia en la gestión de fondos públicos para mantener la confianza en las instituciones gubernamentales y financieras. La crisis también abre interrogantes sobre quién podría dirigir el Banco Central, en un contexto donde el denunciante del caso Ueno Bank aparece como posible candidato a ocupar esa posición.