En su participación en la en 55 sesión de la Conferencia sobre Población y Desarrollo, la secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo) de la Secretaría de Gobernación, Gabriela Rodríguez Ramírez –en su carácter de representante de la delegación de México–, subrayó que el desarrollo sostenido e inclusivo, así como el económico, solo se pueden lograr cuando las sociedades protegen los derechos de las mujeres y las niñas.

Agregó que los servicios de salud son indispensables para ayudar a esta población a contar con autonomía, y con servicios de salud que ayuden a evitar los contagios por VIH/sida y los embarazos no deseados.

Expuso que La pandemia por COVID-19 ha causado más de 6 millones de víctimas mortales en el mundo y sus efectos pusieron en evidencia la fragilidad de los servicios de salud. También como las mujeres y las niñas han tenido la mayor carga en cuidados y trabajos no remunerados, siendo excluidas del mercado laboral, lo que ha agravado la falta de igualdad de género.

Una de las acciones clave para elevar el nivel de escolaridad y la movilidad social es la Estrategia para la Prevención del Embarazo de Adolescentes (Enapea) y la erradicación de la maternidad infantil, reconociendo que la población debe gozar de acceso a actividades que mejoran su futuro y empleo a lo largo de la vida.

Asimismo, empoderar a mujeres y jóvenes por medio de la Educación Integral de la Sexualidad (EIS), que es una formación crucial para lograr la autonomía física de la niñez y adolescencias, para erradicar la violencia de género y promover el buen trato en las relaciones de noviazgo y de pareja, así como para evitar prácticas sexuales de riesgo.

Recordó que, de manera paralela a la Enapea se avanza en el acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo legal y seguro.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró recientemente como inconstitucional la criminalización de dicha interrupción en México y se pronunció en favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.

Por otra parte, resaltó que en México se impulsa el nuevo paradigma de la economía circular para producir, consumir, aprovechar y desechar los productos materiales con un enfoque hacia la protección y conservación del patrimonio natural y cultural, y a la competitividad empresarial sostenible.

Enfatizó que se cuenta con la pensión de carácter universal no contributiva a todas las personas mayores de 65 años, como un derecho que ha sido elevado a rango constitucional; las becas Benito Juárez a estudiantes y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para prepararles en su primera inserción laboral.

Expuso que la presión hídrica por el crecimiento de las ciudades obliga a equilibrar las áreas territoriales, por eso el Gobierno de México reactiva la economía en el sur y sureste del país, una región que presenta baja presión hídrica, pero que se ha desatendido, y que hoy es prioridad para la inversión en el desarrollo urbano y vivienda.

Además, de la construcción de caminos rurales y grandes proyectos de infraestructura, como la construcción del Tren Maya, un proyecto integral de desarrollo económico sostenible.

Las intervenciones de las y los representantes de distintos países versaron sobre los efectos de la pandemia por COVID-19, así como las consecuencias económicas, alimentarias y energéticas de la guerra en Ucrania y las necesidades del reforzamiento de la equidad de género, y el acceso de servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres.