Los países de América Latina y el Caribe consolidaron un acuerdo histórico con la adopción del Plan de Acción de Chile 2024-2034 (PAC), una hoja de ruta regional para fortalecer la protección, asistencia y soluciones duraderas para personas refugiadas, desplazadas y apátridas. Durante la Primera Reunión Regional de su Mecanismo de Seguimiento y Coordinación, celebrada en 2025, se establecieron 15 prioridades temáticas a implementarse entre 2025 y 2027, con el acompañamiento de México como vicepresidencia del proceso.

Entre las prioridades figuran la atención a lo largo de las rutas migratorias, el acceso a procedimientos de asilo, la reintegración de personas retornadas, y el impulso a la erradicación de la apatridia. También se promoverá la inclusión socioeconómica de estas poblaciones mediante acceso a empleo, educación, documentación y mecanismos de reunificación familiar, así como su integración en sistemas de respuesta ante desastres naturales.

El Mecanismo de Seguimiento y Coordinación y la Plataforma de Apoyo, estructuras clave del PAC, fueron creados para garantizar la implementación efectiva del plan. Estas instancias integran a gobiernos, sociedad civil, agencias internacionales, sector privado y personas refugiadas, con el respaldo técnico del ACNUR. Este enfoque integral y multiactor refuerza el compromiso regional con los principios de solidaridad, cooperación y responsabilidad compartida.

La presidencia chilena del PAC, a través de la embajadora Marta Bonet, destacó que estas estructuras permitirán articular iniciativas anteriores y desarrollar nuevas acciones alineadas con el Pacto Mundial sobre los Refugiados. Por su parte, la embajadora Jennifer Feller, en representación de México, reafirmó el compromiso del país con el Espíritu de Cartagena y con la armonización de esfuerzos en todos los niveles para lograr soluciones duraderas.

La Declaración y Plan de Acción de Chile, adoptados en el 40 aniversario de la Declaración de Cartagena de 1984, consolidan una visión compartida en la región frente a los desafíos del desplazamiento forzado. Con más de 21.9 millones de personas desplazadas en las Américas, este plan representa un ejemplo global de cooperación para la protección y la inclusión de quienes huyen en busca de seguridad y dignidad.