El caso de José Juárez Gil, conocido como Pepe Tigre, ha captado la atención pública en Cancún, Quintana Roo, luego de que se difundiera la presencia de un jaguar en su antigua propiedad y de que las autoridades ambientales iniciaran una serie de verificaciones sobre el manejo del felino y las condiciones en que se encuentra.

El 27 de septiembre de 2026, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó inspecciones en predios vinculados con Pepe Tigre, luego de que circularan en redes sociales videos que mostraban a un jaguar dentro de un antiguo restaurante en la Zona Hotelera de Cancún. El propósito de estas visitas fue evaluar las condiciones de manejo del animal y comprobar si su posesión cumple con la legislación ambiental vigente en el país.

Días antes, el 21 de septiembre, la dependencia federal revisó un terreno ubicado en la localidad de Alfredo V. Bonfil, también asociado con Juárez Gil. En ese sitio se localizaron cinco estructuras que correspondían a antiguas jaulas en estado deteriorado, aunque no se hallaron ejemplares de fauna silvestre o exótica. Los verificadores tampoco lograron revisar al jaguar que permanece en la Zona Hotelera, lo que mantiene abierta la investigación sobre su paradero y sus condiciones de vida.

La situación se intensificó durante septiembre de 2026, cuando diversos creadores de contenido publicaron materiales en los que se observa a Pepe Tigre permitiendo que los visitantes manipulen carne para alimentar al jaguar en su propiedad. Estos videos muestran recorridos por las instalaciones abandonadas del antiguo restaurante y la interacción directa con el felino, lo que generó cuestionamientos sobre el riesgo para las personas y para el propio animal, considerando que el jaguar es una especie en peligro de extinción.

El 27 de septiembre, más de 30 personas bloquearon el Boulevard Colosio en Cancún en apoyo a Juárez Gil, exigieron al gobierno estatal información sobre el destino de 17 felinos que mantenía en cautiverio en sus terrenos de Alfredo V. Bonfil y solicitaron la devolución de un predio de 22 hectáreas, valuado en aproximadamente 240 millones de pesos, que había adquirido con la intención de crear un santuario del jaguar. El caso evidencia la problemática de la tenencia y el manejo de fauna silvestre en México, la necesidad de una regulación y supervisión adecuadas para garantizar el bienestar animal y la seguridad pública, así como la importancia de la transparencia en las acciones gubernamentales de protección ambiental.