La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla reportó más de 315 personas servidoras públicas separadas de sus cargos, entre inhabilitaciones y suspensiones, informó el titular de la dependencia, Alejandro Espidio Reyes, durante la conferencia matutina encabezada por el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, en representación del gobernador Alejandro Armenta Mier.

Espidio Reyes detalló que la separación del servicio público puede derivar de distintas causas administrativas, laborales o disciplinarias, conforme a las disposiciones vigentes. Entre los principales motivos de baja mencionó la terminación del nombramiento, el abandono del empleo, el incumplimiento de obligaciones laborales y la destitución derivada de procedimientos de responsabilidad administrativa.

En materia de transparencia, el funcionario precisó que las medidas impuestas se inscriben en los registros correspondientes, aunque su difusión depende del tipo de falta y del estado de la resolución. Indicó que las derivadas de faltas administrativas graves se hacen públicas cuando la determinación queda firme e incluye impedimentos o inhabilitaciones para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. En tanto, las correspondientes a faltas no graves se mantienen en los archivos de las autoridades competentes para su consideración en caso de reincidencia.

Asimismo, puntualizó que estas determinaciones deben incorporarse al Sistema Estatal de Servidores Públicos y Particulares Sancionados y pueden consultarse en la plataforma https://www.pdepuebla.org.mx/ssancionadosV2.php, como parte de las herramientas institucionales para documentar y dar seguimiento a las responsabilidades administrativas.

Por otra parte, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno revisa, mediante el Sistema de Registro de Proveedores del Estado de Puebla, las solicitudes de inscripción de personas físicas y morales al Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado. Esta plataforma digital contribuye a reducir los riesgos de corrupción al evitar el contacto directo entre personal de la dependencia y solicitantes, además de incorporar mecanismos para verificar la documentación presentada.

De igual forma, los órganos internos de control supervisan las licitaciones para prevenir prácticas indebidas. En este contexto, la dependencia investiga a empresas y contratistas que participan en concursos públicos, a partir de denuncias o del conocimiento de posibles irregularidades. Las indagatorias buscan identificar conductas contrarias a las disposiciones legales, particularmente la presentación de documentos alterados o datos presuntamente falsos durante los procesos de contratación.

Estas acciones forman parte de las labores de vigilancia y control orientadas a fortalecer la legalidad, la transparencia y la integridad en las adquisiciones y contrataciones del Gobierno del Estado.