Este jueves, en Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda, se aprobaron por unanimidad los Lineamientos del Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación (MAEBI), los cuales tienen como finalidad, entre otros, que todas las embajadas, consulados y agregadurías de México operen como ‘ventanillas’ para las familias de personas desaparecidas en nuestro territorio, permitiéndoles desde sus países de residencia, reportar y denunciar desapariciones, aportar y solicitar información, e iniciar trámites y gestiones relacionados con sus derechos como víctimas.

Este mecanismo también debe permitir a las autoridades responsables de la búsqueda e investigación solicitar apoyo a consulados y embajadas de México para la realización de actividades fuera del territorio nacional.

Los lineamientos fueron trabajados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Fiscalía General de la República (FGR), la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y las Comisiones Locales de Búsqueda.

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, reiteró la importancia de los Lineamientos del Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación y la atención a las familias. Recordó la obligación legal de su emisión e implementación, lo cual fue, además, reiterado por el Comité contra la Desaparición Forzada, (CED por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el informe de su pasada visita a México.

Sobre el Sistema Único de Información Tecnológica e Informática (SUITI) se informó sobre las reuniones para integrar mesas temáticas de trabajo (análisis, jurídica y técnica), y se presentó a consideración una modificación de las Reglas de Operación, planteada por la FGR y la CNPJ, para modificar el alcance de las determinaciones del Comité, con la finalidad de que las 32 fiscalías estatales tengan voz y voto. Dicha propuesta fue rechazada por la mayoría del pleno.

En ese sentido, el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez hizo un llamado a todos los actores involucrados a trabajar en cooperación, y que éste no se convierta en un tema político. Se planteó la posibilidad de tener reuniones con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para construir consensos para hacer efectiva la búsqueda de personas desaparecidas.

En la sesión también se actualizó sobre la construcción del Programa Nacional de Búsqueda y Localización, cuyo proceso se encuentra en la fase de definición de la política nacional, a través de mesas de trabajo –entre otros– con la SRE, el Consejo Nacional Ciudadano (CNC) del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), la FGR, Comisiones Locales de Búsqueda, la CNPJ, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Entre agosto y septiembre se abrirán mesas para la participación de las familias, colectivos, organizaciones de la sociedad civil, entre otros.

En relación con el Reglamento de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, que prevé la inclusión del Centro Nacional de Identificación Humana, se informó sobre las mesas de trabajo entre la CNB, el CNC, Comisiones Locales de Búsqueda y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El anteproyecto será sometido a finales de agosto, igualmente, a la opinión de familias, colectivos, organizaciones de la sociedad civil, entre otros.

Finalmente, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) presentó un informe mediante el cual detalló que ha firmado dos acuerdos de colaboración en los cuales se han iniciado trabajos operativos (San Luis Potosí y Tamaulipas), y en otras seis entidades se está en posibilidades de colaborar.

Se detalló que han sostenido 24 reuniones y talleres con colectivos de familiares de personas desaparecidas de 17 estados del país y tres países de Centroamérica.

A la sesión asistieron además como invitados, representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del Fondo de población de las Naciones Unidas (UNFPA) y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).