La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) puso en marcha el curso "Herramientas para la aplicación del artículo 9 del Acuerdo de Escazú en la protección de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales", dirigido a servidoras y servidores públicos del sector ambiental federal.

El curso constará de ocho sesiones que se realizarán del 1 de octubre al 19 de noviembre de 2026. De acuerdo con la dependencia, se incorporarán contenidos sobre perspectiva de género y los contextos particulares que enfrentan las mujeres defensoras, los pueblos y comunidades indígenas, así como otros grupos en situación de vulnerabilidad. La meta es que las personas egresadas cuenten con conocimientos en estándares internacionales de protección, riesgos que enfrentan las personas defensoras, rutas institucionales de atención y mecanismos de coordinación interinstitucional para la prevención y respuesta ante situaciones de riesgo.

La iniciativa es organizada por el Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unidad Coordinadora de Proyectos Prioritarios, Vinculación Social y Derechos Humanos de la Semarnat y organizaciones de la sociedad civil. Según la Semarnat, el objetivo es reafirmar el compromiso del Gobierno de México con la implementación del Acuerdo de Escazú y sus tres principios fundamentales: el derecho a saber, el derecho a participar y el derecho a acceder a la justicia.

En la inauguración, en representación de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy Tamborrell, destacó que la implementación del Acuerdo de Escazú exige proteger a quienes defienden la naturaleza y fortalecer la participación de la sociedad en las decisiones ambientales. "Los acuerdos verdaderamente transformadores no se construyen solamente con el gobierno, sino se construyen con la sociedad, y ese es el espíritu de Escazú", afirmó.

Boy Tamborrell subrayó que la seguridad de las personas defensoras es indispensable para ejercer los derechos que reconoce el tratado. Recordó que desde enero de este año el sector ambiental federal participa de manera permanente en el Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación, donde aporta conocimiento e información sobre los conflictos socioambientales y colabora con las autoridades responsables para garantizar la protección de las personas defensoras y periodistas.

La procuradora hizo un llamado a que la capacitación permita analizar casos reales, identificar fallas en la coordinación institucional y afinar los protocolos de atención. "Al final de estas ocho sesiones, la medida real va a ser no solamente conocer el artículo 9, sino qué hacemos cuando alguien necesita nuestra protección", enfatizó.

Asimismo, la titular de la Unidad Coordinadora de Proyectos Prioritarios, Vinculación Social y Derechos Humanos, Josefina Bravo Rangel, subrayó que "la implementación del Acuerdo de Escazú requiere de adecuaciones normativas, fortalecer capacidades técnicas, coordinación interinstitucional y un diálogo permanente con la sociedad civil".

En la inauguración participaron representantes del Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC); el Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación; la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), quienes impartirán los temas del curso.