En sesión presidida por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, fueron presentados nuevos lineamientos para fortalecer al Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres, donde aseveró que “es una exigencia, un derecho, una obligación y nuestra convicción hacerlo efectivo”.

El objetivo central es atender casos de tortura sexual y emitir resoluciones que beneficien a las víctimas de este delito que se encuentran dentro de un proceso penal.

Entre las novedades de los nuevos lineamientos está la incorporación de toda mujer víctima de tortura sexual que se encuentre dentro de un proceso penal, incluyendo a mujeres transexuales.

Este mecanismo extraordinario está conformado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Comisión Ejecutiva de Atención de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Asimismo, participan las organizaciones de la sociedad civil como Tlachinollan, Just Associates, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C. y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, así como personas expertas y víctimas directas.

En la restructuración que prevén los nuevos lineamientos se contempla también la integración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), incluyendo el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), el Instituto Nacional de Migración (INM), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Durante la sesión, el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez resaltó que la incorporación de estas autoridades es un avance importante que permitirá compartir responsabilidades entre las instituciones del Estado mexicano.

“No sólo se cumple con la instrucción del presidente de México para que se asuman las responsabilidades en materia de derechos humanos, sino también para erradicar la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que ayuden a construir una política de prevención y, en su caso, de atención y sanción de estas prácticas”, expresó.

Alejandro Encinas Rodríguez emplazó también a eliminar las burocracias, particularmente en los asuntos vinculados con la impartición de justicia.

Durante la sesión, la titular de la Conavim, Fabiola Alanís Sámano, puntualizó que los principios y valores que orientan al gobierno de la Cuarta Transformación se orientan en el impulso al bienestar social para las y los que menos tienen, para las y los excluidos de siempre, en la lucha por alcanzar la justicia y eliminar las violencias por razones de género.

Agregó que la atención a las mujeres víctimas de tortura sexual es una obligación del Estado mexicano, no una concesión.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en el artículo 52 que las víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán el derecho a ser tratadas con respeto a su integridad y al ejercicio pleno de sus derechos con protección inmediata y efectiva, y para dar cumplimiento a esta obligación se ha fortalecido el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres, instrumento que ahora forma parte del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM).

En la presentación de los avances, el titular de la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, Félix Santana Ángeles, destacó el fortalecimiento de este mecanismo mediante la incorporación de diversas instancias; la dotación de recursos humanos y materiales para su correcto funcionamiento a través de una oficina permanente ubicada en Circular de Morelia 8, colonia Roma Norte, Ciudad de México.

La realización de un diagnóstico nacional sobre tortura sexual que permita identificar fallas estructurales con apoyo de la información derivada de la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad y de entrevistas en campo; así como la generación y diseño de políticas públicas para combatirla, además de analizar, emitir conclusiones y dar seguimiento a casos de tortura sexual.

En la sesión intervinieron diferentes instituciones de la Administración Pública Federal (APF) y organizaciones de la sociedad civil que participan en el mecanismo. Resalta la participación de personas sobrevivientes de tortura sexual durante la represión de Atenco, quienes lo han impulsado, y cuya lucha llevó a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), de noviembre 2018.

Las sobrevivientes expusieron los retos y expectativas que deben cumplirse en esta nueva etapa para dar cabal cumplimiento a los resolutivos de la sentencia y trabajar en conjunto por la erradicación de la tortura sexual.

El subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez se comprometió a generar grupos de trabajo para atender los resolutivos pendientes de la sentencia que permitan encausar los temas de acceso a la justicia y a la salud, así como garantizar las medidas de no repetición.