La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó el envío de cartas a los gobernadores del país para recordarles los procedimientos legales que deben seguir al colaborar con agencias extranjeras de seguridad. La medida surge tras la muerte de dos agentes estadounidenses en un accidente automovilístico en Chihuahua, ocurrido durante un operativo conjunto con autoridades locales. La mandataria subrayó que cualquier cooperación internacional debe cumplir estrictamente con la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum enfatizó que las autoridades estatales tienen la obligación de informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) o al Gabinete de Seguridad sobre cualquier colaboración con gobiernos extranjeros. La presidenta fue contundente al afirmar que la soberanía nacional no se negocia y que todas las acciones deben enmarcarse en la legalidad. Este llamado busca evitar que se repitan situaciones como la registrada en Chihuahua.

El incidente en Chihuahua involucró a agentes de la CIA que participaban en un operativo sin los permisos federales correspondientes. Sheinbaum criticó que el gobierno estatal, encabezado por la gobernadora María Eugenia Campos, no solicitó la autorización necesaria, lo que constituye una violación al marco legal. La presidenta reveló que intentó comunicarse con Campos para abordar el tema, pero no logró establecer contacto directo.

Ante esta falta de comunicación, Sheinbaum instruyó al Gabinete de Seguridad a enviar un recordatorio a todos los gobernadores sobre las disposiciones legales vigentes. La medida busca garantizar que cualquier colaboración con agencias de Estados Unidos u otros países se realice con total transparencia y respeto a la soberanía nacional. La presidenta reiteró que la seguridad es un tema de Estado y no puede estar sujeta a decisiones unilaterales de los gobiernos locales.

Este caso ha generado un debate sobre los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control. La postura del gobierno federal es clara: la ley debe cumplirse sin excepciones. Sheinbaum confía en que los gobernadores atenderán las indicaciones y que el diálogo con la administración de Chihuahua permitirá aclarar los hechos y evitar futuras controversias.